La difusión en redes sociales provocó un escándalo político y social que derivó en una denuncia del Ministerio Público Fiscal y la apertura de una investigación en el Juzgado Federal de Guido Otranto.
La causa avanzó con el procesamiento inicial de los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini, dos jefes policiales y un agente de la AFI (ex SIDE). Sin embargo, tras apelaciones y desprocesamientos, hoy solo permanecen imputados tres agentes de inteligencia.
Los abogados querellantes —quienes además figuran entre las víctimas espiadas— recordaron que existe un video de una hora donde se ve la entrega del material prohibido a fiscales de Esquel, prueba considerada central en el expediente, que ya acumula más de 5.000 fojas.
El caso se encuentra elevado a juicio oral en el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia, que debería realizarse en Esquel, pero la fecha lleva años postergada. Estuvo prevista para octubre de 2024, pero se suspendió por cuestiones administrativas.
“Nuestra causa es la que más avanzó en el país en materia de espionaje ilegal. Está a las puertas del juicio oral, pero aún no hay fecha”, señalaron los abogados. También remarcaron que el proceso podría no alcanzar a los responsables políticos que ordenaron el espionaje. “Estos agentes no actuaban por cuenta propia: había órdenes de investigar al movimiento No a la Mina, considerado de interés por la AFI”, advirtieron.
Para las víctimas, la demora de 10 años en llegar a un juicio constituye una nueva forma de revictimización, mientras sostienen que el espionaje fue parte de un entramado de persecución y criminalización hacia quienes se oponen a la megaminería en Chubut.
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