El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, continúa generando un intenso debate político y jurídico en la antesala de su tratamiento en el Senado.

En diálogo con Dante Lobos en Otra vuelta de tuerca, por Canal 4 Esquel y FM Sol 94.7, el abogado constitucionalista Pablo Luis Manili cuestionó con dureza la iniciativa al considerar que «no fortalece el derecho de propiedad», que contiene disposiciones de dudosa constitucionalidad y que, de ser aprobada, probablemente termine siendo revisada por la Justicia.

El oficialismo retiró el capítulo sobre tierras

Tras la realización de esta entrevista, el oficialismo resolvió eliminar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, luego de no conseguir el respaldo necesario entre bloques aliados para avanzar con la propuesta.

De esta manera, seguirán vigentes los límites actuales del 15% para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque desde La Libertad Avanza ya adelantaron que buscarán retomar ese debate mediante un proyecto específico.

En cambio, continúan dentro de la iniciativa las reformas vinculadas al régimen de expropiaciones, desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble, aspectos que también fueron cuestionados por el constitucionalista.

«La propiedad ya está protegida por la Constitución»

Para Manili, el proyecto parte de una premisa equivocada. «El título de la ley es grandilocuente y mentiroso. La inviolabilidad de la propiedad privada ya está garantizada por la Constitución desde 1853. Ninguna ley puede garantizarla más de lo que ya la garantiza la Constitución.»

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa reúne en un mismo texto modificaciones sobre distintas ramas del derecho –administrativo, civil, procesal, ambiental y registral– sin una adecuada coherencia técnica.

Expropiaciones: «Limita la indemnización»

Uno de los puntos que más preocupa al abogado es la modificación del régimen de expropiaciones. Según explicó, mientras algunas disposiciones simplemente reproducen criterios que la Corte Suprema viene aplicando desde hace décadas, otras introducen cambios que podrían reducir la indemnización que recibe un propietario cuando el Estado expropia un bien.

«Lejos de garantizar la propiedad, me están limitando la indemnización que me van a pagar en caso de que me expropien mi propiedad.» Para Manili, este aspecto contradice el propio espíritu con el que fue presentado el proyecto.

La reforma de la Ley de Tierras quedó en pausa, pero no terminó el debate

Durante la entrevista, realizada antes de que el oficialismo retirara ese capítulo, Manili había cuestionado la propuesta de modificar la Ley de Tierras Rurales.

A su entender, el problema no era solamente elevar el límite permitido para la propiedad extranjera, sino eliminar las restricciones existentes a nivel provincial y municipal, lo que –según afirmó– habría permitido concentraciones de tierras en determinadas regiones del país.

También sostuvo que el argumento de atraer inversiones no se sostenía. «Comprar tierras no es una inversión productiva. Es un negocio inmobiliario que no genera empleo ni crecimiento económico.»

Aunque finalmente ese capítulo fue retirado para facilitar el tratamiento legislativo, el propio oficialismo dejó abierta la posibilidad de volver a impulsarlo mediante otra iniciativa.

Manejo del fuego: una «regresión» en materia ambiental

Otro de los capítulos que continúa dentro del proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que actualmente impiden cambiar el destino de los terrenos incendiados durante un período de 60 años.

Para Manili, se trata de un retroceso en la protección ambiental. «No se puede retroceder en el nivel de protección que ya existía. Ahí hay una inconstitucionalidad grande como una casa.»

El abogado cuestionó además que el proyecto delegue esa regulación en cada provincia. «No es federalismo; es patear la pelota para disfrazar un negocio inmobiliario.»

«Si se aprueba, terminará judicializándose»

Sobre el cierre de la entrevista, el constitucionalista aseguró que, más allá de las modificaciones introducidas por el oficialismo, el proyecto todavía contiene aspectos que podrían ser cuestionados ante la Justicia.

Incluso, consideró que los gobernadores deberían asumir un rol activo en defensa de las competencias provinciales. «Si esta ley se aprueba, creo que terminará judicializándose. Los gobernadores harían bien en defender a sus provincias planteando la inconstitucionalidad de esta ley.»

Para Manili, el debate recién comienza y, aun con la marcha atrás del Gobierno en materia de tierras rurales, el Congreso seguirá discutiendo reformas que –según advirtió– tendrán consecuencias sobre el derecho de propiedad, el ambiente y el funcionamiento del Estado.

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