La Pastoral Social de la Región Patagonia-Comahue expresó su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que este jueves comenzó a debatirse en el Senado de la Nación. La postura quedó plasmada en un comunicado conjunto de las diócesis patagónicas y fue desarrollada por el obispo de Rawson, Roberto Pío Álvarez, en diálogo con Dante Lobos en Otra vuelta de tuerca.
El religioso explicó que la preocupación de la Iglesia por esta iniciativa comenzó a gestarse durante las asambleas patagónicas realizadas a comienzos de año, atravesadas por los incendios forestales y otros conflictos ambientales registrados en la región. «La idea era objetar distintas cosas de la ley. Una era la extranjerización de las tierras, pero no era la única», señaló.
«Las leyes no pueden surgir de negociaciones permanentes»
Álvarez cuestionó además la forma en que se modificó el proyecto durante su tratamiento parlamentario. Consideró que una iniciativa que incorpora y elimina capítulos de manera permanente genera incertidumbre y dificulta un debate serio.
«Nos preocupa cuando una ley entra en una vorágine de cambios y negociaciones que hacen que ya no se termine sabiendo qué se está votando. Siempre hay que parar la pelota cuando una ley viene así», afirmó.
La preocupación por la Ley de Manejo del Fuego
Aunque el oficialismo retiró del proyecto el capítulo referido a la Ley de Tierras, el obispo sostuvo que continúan existiendo aspectos que generan preocupación.
Entre ellos destacó las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, especialmente por el impacto que podrían tener en la Patagonia. «No por las excepciones que puedan existir en otros lugares del país debemos hacer caer una ley que protege frente a incendios intencionales y a los ecocidios», expresó.
Recordó además su reciente recorrido por las zonas afectadas por los incendios forestales en Chubut y aseguró que la experiencia reforzó la necesidad de preservar ese marco normativo.
Cuestionamientos a los desalojos exprés
Otro de los puntos observados por la Pastoral Social son las modificaciones al régimen de desalojos. Álvarez consideró que acelerar esos procesos en el actual contexto económico puede profundizar la vulnerabilidad de muchas familias.
«Apurar los desalojos nos parece una crueldad con la gente más frágil, que muchas veces no tiene siquiera las herramientas para defenderse judicialmente», sostuvo.
Al mismo tiempo, aclaró que la Iglesia no justifica las usurpaciones, pero entiende que esos conflictos requieren respuestas más complejas que una simple aceleración de los procedimientos judiciales.
«La propiedad privada no es absoluta»
Durante la entrevista, el obispo remarcó que la postura de la Iglesia sobre la propiedad privada no responde a una coyuntura política, sino que forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia.
En ese sentido citó la reciente encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, que retoma principios históricos del pensamiento social católico. «La Iglesia siempre sostuvo que existe el derecho a la propiedad privada, pero ese derecho tiene una función social y está subordinado al destino universal de los bienes y al bien común», explicó.
Añadió que esos principios no son nuevos ni exclusivos del actual pontificado, sino que forman parte de la tradición iniciada con la encíclica Rerum Novarum y continuada por los distintos papas.
«No es una postura partidaria»
Consultado sobre quienes vinculan estos planteos con posiciones políticas, Álvarez rechazó esa interpretación. Recordó que la Iglesia mantiene la misma posición desde hace décadas en distintos debates ambientales y sociales, independientemente del signo político de los gobiernos.
«Pensar que la Iglesia toma estas posturas según quién gobierne es una simplificación. En temas como el ambiente, la tierra o el cuidado de la creación hemos sostenido la misma posición durante muchos años», afirmó.
Un llamado a mantenerse atentos
Finalmente, el obispo convocó a la sociedad a seguir con atención el debate parlamentario y advirtió sobre los cambios culturales que, a su juicio, pueden derivarse de este tipo de iniciativas.
«Tenemos que estar muy atentos a todo aquello que quiera cambiar nuestra matriz solidaria y de bien común, amparándose solamente en una mirada individualista de los derechos», expresó.
Y concluyó con un llamado a fortalecer el compromiso ciudadano: «Ojalá no hagan falta marchas, pero cuando la representatividad se agrieta y deja de escuchar a la sociedad, es importante que la comunidad haga oír su voz».
El comunicado de la Pastoral Social
En el documento difundido por las diócesis de Alto Valle, Viedma, Neuquén, Río Gallegos, Rawson y San Carlos de Bariloche, la Pastoral Social rechaza «toda legislación que absolutice la propiedad privada y desconozca su función social», afirma que «la tierra es un bien común, don de Dios, destinado a todos» y llama a promover políticas que garanticen el acceso equitativo a la tierra, el trabajo y la defensa de la soberanía nacional.
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