Bomberos en alerta: Nación no transfirió fondos de la Ley 25.054 y los cuarteles se asfixian

Durante 2025, el Gobierno Nacional solo giró la mitad de los fondos que por ley corresponden a los cuarteles de bomberos voluntarios. En Chubut recibieron el último depósito en marzo del año pasado y desde entonces no hubo nuevos pagos. Advierten impacto operativo, dificultades para movilizar brigadistas y un escenario crítico de cara a una temporada de incendios extrema.

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Los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país atraviesan una situación de ahogo financiero a partir del incumplimiento de la Ley Nacional 25.054, que establece un financiamiento automático para el sistema. La norma, sancionada en 1998, fija que el 5 por mil de las primas de seguros de autos y viviendas debe destinarse a un fondo nacional que luego se distribuye entre los cuarteles.

Es una ley que ya tiene prácticamente 30 años y es la que financia la parte más gruesa del sistema de bomberos voluntarios en todo el país”, explicó Rubén Oliva, presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, en diálogo con Dante Lobos en el programa Otra Vuelta de Tuerca, que se emite por Canal 4 y FM Sol 94.7 de lunes a viernes de 8 a 13.

Durante 2025, ese mecanismo recaudó alrededor de 65.000 millones de pesos, pero los fondos no fueron transferidos en su totalidad.

Solo un pago y un año de espera

Según detalló Oliva, Nación realizó un único pago en marzo de 2025, por un monto aproximado de 31 millones de pesos por cuartel, cuando el total anual debía rondar los 65 millones.

Estamos prácticamente a un año de haber recibido aquel pago y los cuarteles no han vuelto a percibir dinero”, señaló el dirigente.

La expectativa histórica era que el segundo desembolso se concretara entre octubre y diciembre, como ocurría en años anteriores. Sin embargo, ese giro nunca se realizó y, ya entrado 2026, no hay fechas confirmadas.

Hoy Nación dice que estaría pagando con el próximo subsidio, pero no hay fecha, y los cuarteles realmente se están asfixiando económicamente”, advirtió Oliva.

Impacto directo en Esquel y Trevelin

En la provincia de Chubut, todos los cuarteles se encuentran en la misma situación. Esquel y Trevelin también recibieron el último pago en marzo de 2025, sin nuevos depósitos desde entonces.

Esquel y Trevelin han recibido el subsidio nacional, pero tienen una diferencia con otros cuarteles por el aporte voluntario de la gente. En localidades más chicas, los cuarteles viven prácticamente del subsidio nacional”, explicó Oliva.

Si bien el Gobierno Provincial realizó aportes puntuales -combustible por dos millones de pesos en la cordillera y nuevos subsidios en preparación-, el grueso del financiamiento sigue dependiendo de los fondos nacionales provenientes de la ley.

Menos recursos, menos capacidad de respuesta

La falta de fondos no solo afecta el funcionamiento cotidiano, sino también la capacidad de respuesta ante incendios de gran magnitud, como los registrados esta temporada en Epuyén, Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces.

Oliva confirmó que, sin financiamiento nacional, los cuarteles no pueden afrontar traslados interprovinciales ni sostener personal fuera de su jurisdicción.

Los cuarteles no pueden movilizarse si no están recibiendo aportes. Si Nación no convoca cubriendo combustible, racionamiento y estadía, no pueden ir”, afirmó.

Esto explica por qué, salvo casos puntuales con respaldo provincial, se ha resentido la movilización de bomberos hacia el sur del país.

Presupuesto 2026 y un sistema más debilitado

A este escenario se suma el recorte previsto en el Presupuesto Nacional 2026 para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que contempla:

  • 40% menos horas de vuelo
  • 20% menos alertas tempranas
  • Reducción de personal y capacidad operativa

Todo se resiente. Sea un incendio forestal, provincial o nacional, estamos todos contra el mismo fuego y con los recursos que haya”, resumió Oliva.

El reclamo de los bomberos voluntarios es claro: los fondos existen, se recaudan por ley, pero no llegan a destino. La falta de cumplimiento pone en riesgo no solo a las instituciones, sino también a las comunidades que dependen de ellas en contextos de emergencia.

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