Wisky definió la jornada como “extenuante y dolorosa” y señaló que el fallo genera “una profunda sensación de vacío e injusticia” para la comunidad de la Comarca.
“Se trata de la muerte de una persona, de un vecino querido. Lo mínimo que uno espera de la justicia es que haya una sanción para quienes actuaron de forma negligente, en el menor de los casos. La vida humana debería estar siempre primero”, expresó.
El abogado consideró que el resultado del juicio “obliga a reflexionar sobre el estado actual del sistema judicial y del propio Estado provincial”, al que calificó como “precario” en su accionar.
“El Estado tiene el monopolio de la justicia y de la seguridad, y sin embargo actúa de manera precaria. No se puede naturalizar que un procedimiento termine con una persona muerta sin ningún tipo de responsabilidad”, advirtió.
“Un fallo que deja una advertencia social”
El referente de la APDH remarcó que el veredicto deja un mensaje preocupante para la sociedad: “Esto es una advertencia sobre cómo nos tenemos que manejar como comunidad. Estamos muy lejos de ser una civilización si legitimamos este tipo de prácticas del Estado. Es inquietante que se aplauda un fallo donde hay una persona muerta”, subrayó.
Wisky señaló que el caso sienta un precedente peligroso, porque “puede interpretarse como una legitimación de la violencia institucional”.
“No queremos una policía que actúe así, ni un Estado que responda de esa manera ante una crisis. Cualquiera puede atravesar un padecimiento mental, y no puede ser que la respuesta sea una irrupción armada y violenta”, afirmó.
“Hay que revisar los protocolos y la Ley de Salud Mental”
El abogado de la APDH insistió en que el caso Tino John marca un antes y un después en la provincia del Chubut en cuanto al rol de las fuerzas especiales y la atención de personas con padecimientos mentales.
«No hay protocolos actualizados. Lo que tenemos data de 1993. Este fallo debería servir para revisar en serio los procedimientos de actuación de los grupos especiales y la aplicación de la Ley de Salud Mental”, expresó.
Wisky recordó que la provincia adhirió a la legislación nacional, pero “sin dotarla de recursos ni herramientas reales”: “Tenemos una adhesión casi simbólica. Sin recursos, la ley no se cumple. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar un abordaje digno y no violento ante situaciones de crisis.”
“Espero que la muerte de Tino no haya sido en vano”
El abogado cerró su reflexión con un mensaje que resonó en la sala: “En este país no hay ninguna ley que se haya sancionado sin sangre atrás. Ojalá la muerte de Tino no haya sido en vano. Que sirva para cambiar y que esta experiencia nos enseñe algo. Si no, no tiene sentido pertenecer a un Estado.”
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