La Justicia resolvió otorgar 30 días de prisión domiciliaria a Miguel Edgardo Battista, imputado en la investigación por presunta privación ilegal de la libertad y abandono de personas en Esquel. La decisión se tomó durante una audiencia de revisión de la medida de coerción, luego de que el acusado permaneciera diez días bajo prisión preventiva.
La procuradora fiscal Cecilia Bagnato explicó que el Ministerio Público Fiscal había solicitado extender la detención preventiva por otros 30 días, al considerar que persistían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Sin embargo, el juez interviniente resolvió modificar la modalidad de detención, permitiendo que Battista cumpla la medida en un domicilio diferente al lugar donde se investigan los hechos.
Los argumentos de la Fiscalía y la decisión judicial
Bagnato explicó que durante la audiencia se analizaron los peligros procesales y se escucharon testigos ofrecidos por la defensa.
La Fiscalía sostuvo que existía riesgo de fuga, por considerar que el imputado contaba con medios para abandonar el lugar, además de la posibilidad de influir sobre testigos que todavía deben ser entrevistados.
No obstante, el juez consideró que esos riesgos podían atenuarse, teniendo en cuenta el arraigo del acusado en la ciudad y su edad.
La funcionaria aclaró que la prisión domiciliaria continúa siendo una medida de coerción y que dentro de 30 días deberá realizarse una nueva revisión judicial.
La investigación continúa y hay pericias pendientes
La procuradora fiscal señaló que durante los primeros diez días se realizaron numerosas entrevistas a vecinos, testigos y profesionales de la salud, además de disponer distintas medidas de investigación.
Entre las diligencias pendientes se encuentran pericias psicológicas, informáticas y antropológicas, algunas de ellas vinculadas directamente con el imputado.
Bagnato reconoció que no será posible completar todas las medidas en los próximos 30 días, pero aclaró que la investigación continuará independientemente de la situación de detención: “Tenemos seis meses de plazo de investigación para culminar con la investigación y ver si hay elementos para acusar o para ir a un juicio o no”, explicó.
La Fiscalía mantiene, por el momento, la hipótesis de privación ilegal de la libertad y abandono de personas, aunque aclaró que la calificación legal no es definitiva y dependerá de las pruebas reunidas.
La situación de la mujer y sus hijos
Consultada sobre el estado de la familia, Bagnato confirmó que los niños permanecen bajo resguardo y reciben atención profesional, con intervención de organismos de protección de derechos y equipos de salud.
También indicó que los menores prestaron declaración mediante el sistema de Cámara Gesell, bajo las garantías correspondientes, y evitó revelar detalles de sus testimonios.
En cuanto a la mujer, explicó que continúa internada y bajo tratamiento médico, por lo que todavía no pudo ser entrevistada por la Fiscalía.
La posibilidad de recibir su declaración dependerá de la evaluación de los profesionales de salud que la atienden.
Investigan el origen de restos encontrados durante los allanamientos
Uno de los aspectos que continúa bajo investigación está relacionado con los allanamientos realizados en los domicilios vinculados al caso, incluido uno en Trevelin.
Bagnato explicó que durante las diligencias surgieron indicios relacionados con elementos de bebés o niños encontrados en una vivienda, lo que motivó nuevas medidas para determinar su origen.
La funcionaria confirmó que se esperan pericias de una especialista en antropología forense para establecer si los restos encontrados corresponden a un animal o tienen otro origen.
En ese sentido, aclaró que la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis, pero que todavía no existen conclusiones periciales que permitan determinar la naturaleza de esos restos: “No descartamos ninguna hipótesis”, sostuvo Bagnato, y remarcó que será el análisis especializado el que permita avanzar o descartar determinadas líneas de investigación.
La procuradora insistió en que el caso se encuentra en una etapa inicial y que las conclusiones dependerán de las pruebas que puedan incorporarse durante los próximos meses.
Mientras tanto, Battista permanecerá bajo prisión domiciliaria durante 30 días, plazo tras el cual la Justicia volverá a evaluar su situación procesal.
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