El pasado 20 de abril se realizó en la Cámara Penal de Esquel la audiencia de impugnación en la causa por la intoxicación con monóxido de carbono ocurrida en 2022 en las escuelas N° 93 y 7719 de El Maitén.
En el expediente se investigan las lesiones leves culposas sufridas por 74 alumnos y 3 docentes, episodio que generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y en toda la región.
Fiscalía: “La responsabilidad fue del gasista”
Durante la audiencia, la fiscal Débora Barrionuevo pidió que se confirme la sentencia dictada en primera instancia contra el gasista matriculado Juan Manuel Cottet, quien fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación profesional.
Según la acusación, la negligencia técnica del profesional fue la causa directa del ingreso de gases tóxicos al establecimiento escolar.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el eventual encendido del equipo por parte de terceros no elimina la responsabilidad principal de quien realizó la instalación.
Las fallas detectadas en la obra
La Fiscalía remarcó que la calefacción presentaba deficiencias graves de seguridad.
Entre los principales puntos señalados se mencionó la falta de ventilación adecuada y una evacuación defectuosa de gases. En lugar de elevar la chimenea por encima del techo, el conducto habría quedado bajo un alero, permitiendo que el monóxido regresara al interior del edificio.
Además, se indicó que la obra no habría respetado la normativa nacional vigente y que tampoco contaba con las inspecciones obligatorias.
Por eso, la fiscalía calificó la intervención como una “obra clandestina”.
La defensa apuntó a terceros
La estrategia defensiva buscó desligar al profesional y responsabilizar a terceros por la puesta en funcionamiento del equipo.
El defensor argumentó que Cottet no se encontraba en el lugar al momento del encendido y que el sector intervenido estaba clausurado, por lo que la decisión de utilizar la caldera habría sido adoptada por personal de la escuela.
Incluso el propio acusado tomó la palabra y aseguró ser víctima de una “persecución política”, atribuyendo la falta de inspecciones a demoras burocráticas de la empresa prestataria del servicio de gas.
Fecha clave: 6 de mayo
La Cámara Penal ya analiza un legajo de más de 200 páginas junto al material audiovisual incorporado como prueba.
La resolución judicial será dada a conocer el próximo 6 de mayo a las 10 horas, fecha en la que se definirá si la condena queda firme o si el fallo es revisado.
fuente: Ministerio Publico Fiscal
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