Luego de analizar documentación, testimonios y evidencias incorporadas en la audiencia preliminar, la Fiscalía de Chubut pidió el sobreseimiento definitivo de Carlos Damiano y del exsecretario de Bosques Rodrigo Roveta.
La fiscal María Bottini y el procurador fiscal Ismael Cerda sostuvieron que las conductas investigadas no encuadran en una figura penal y que no existió intención de defraudar al Estado provincial.
El juez interviniente coincidió con ese criterio y resolvió cerrar la causa.
El origen de la investigación
La causa se había iniciado tras denuncias gremiales y publicaciones en redes sociales que señalaban a Damiano como un supuesto “ñoqui” dentro de la Secretaría de Bosques.
En aquel momento, se observó que figuraba formalmente como Director de Programas y Proyectos, cargo que requiere asistencia diaria, mientras trabajadores del organismo aseguraban no conocerlo personalmente.
Sin embargo, la investigación tomó otro rumbo con la incorporación de nuevos elementos probatorios.
El proyecto de biomasa, clave en la causa
Uno de los puntos centrales fue la acreditación de que Damiano sí cumplía funciones para la Provincia, aunque no lo hiciera en forma presencial en las oficinas de Bosques.
Según se expuso, participaba activamente en un proyecto estratégico de biomasa, considerado prioritario para el gobierno provincial en ese momento.
La información fue respaldada por testimonios de ingenieros, funcionarios y registros de reuniones oficiales.
El testimonio de Mariano Arcioni
La declaración del exgobernador Mariano Arcioni fue determinante para la resolución judicial.
Ante la Justicia, confirmó que conocía el trabajo desarrollado por Damiano, que lo consideraba relevante para la Provincia y que incluso el propio funcionario había manifestado dificultades personales para asistir diariamente.
Arcioni indicó además que le pidió continuar en funciones y que se avanzaría en una regularización administrativa mediante un cargo de asesor.
Desprolijidad administrativa, no delito penal
Para la Fiscalía, existió un desfasaje entre el cargo formal y las tareas reales desempeñadas, pero eso respondió a burocracia estatal y no a una maniobra fraudulenta.
“No se puede sostener el dolo cuando el imputado buscó regularizar su situación”, fue uno de los argumentos expuestos en la audiencia.
Con ese criterio, se entendió que el caso debía resolverse en el plano administrativo y no en el fuero penal.
El juez dictó el sobreseimiento definitivo
Finalmente, el magistrado valoró la postura objetiva del Ministerio Público Fiscal y dictó el sobreseimiento definitivo de ambos imputados, cerrando una causa que había generado fuerte repercusión pública.
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