Incendio en Nahuelpán: el defensor de Quilaqueo criticó la investigación y habló de una “causa con motivación política”

Tras la audiencia realizada en tribunales, el abogado Virgilio Sánchez, defensor de Héctor Quilaqueo, se refirió a la decisión judicial de continuar el proceso hacia un juicio oral por el incendio ocurrido en Nahuelpán. La defensa cuestionó la acusación fiscal y aseguró que no existen pruebas que demuestren que el fuego fue iniciado de manera intencional.

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La causa seguirá su camino hacia el juicio

Luego de la audiencia preliminar realizada en el edificio de tribunales, el defensor Virgilio Sánchez confirmó que la jueza resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa, lo que permite que el proceso avance hacia el juicio oral y público.

El abogado explicó que en esta etapa del proceso la magistrada debía evaluar si existía una “certeza negativa” sobre la hipótesis de la fiscalía, condición necesaria para cerrar la causa antes del juicio.

Según detalló, la jueza consideró que la hipótesis de la defensa es admisible, pero que no alcanza para descartar completamente la acusación, por lo que decidió permitir que el caso sea debatido en un juicio.

“La elevación a juicio también es un derecho del imputado para poder esclarecer la verdad”, sostuvo Sánchez.

La postura de la defensa: un accidente y no un hecho intencional

La Fiscalía sostiene que Héctor Quilaqueo inició el incendio de manera intencional para provocar daños, una hipótesis que la defensa rechaza.

Sánchez aseguró que las evidencias no respaldan esa acusación, y remarcó que el propio imputado intentó sofocar el fuego y sufrió graves consecuencias físicas durante ese intento.

“Todo el mundo sabe que Quilaqueo trató de apagar el fuego y estuvo en coma más de 15 días. Eso no es compatible con alguien que haya querido provocar un incendio”, afirmó.

Desde la defensa consideran que, en todo caso, podría investigarse un accidente, pero no un delito con intención de provocar daños.

Críticas a la investigación fiscal

Durante la audiencia, el defensor también cuestionó el enfoque de la investigación y sostuvo que la fiscalía avanzó únicamente sobre la hipótesis de un incendio intencional, sin profundizar en otras posibles líneas de investigación.

Sánchez señaló que esta postura estaría vinculada con una conferencia de prensa realizada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la que según indicó se planteó públicamente la hipótesis de que el incendio había sido provocado. El abogado remarcó que en ese mismo anuncio participaron los fiscales que hoy llevan adelante la causa, lo que, a su criterio, condicionó el desarrollo de la investigación.

“El Ministerio Público Fiscal tiene un deber de objetividad y debe investigar todas las hipótesis, no solamente una”, sostuvo el defensor, quien planteó que la acusación se basó en esa línea inicial sin considerar otras alternativas sobre el origen del fuego.

El debate sobre la intencionalidad del incendio

Uno de los puntos centrales que se discutirá en el juicio será la existencia o no de dolo, es decir, la intención de provocar el incendio.

La Fiscalía sostiene la figura penal de estrago doloso, delito que contempla una pena de hasta cinco años de prisión.

Sin embargo, la defensa considera que la conducta atribuida a Quilaqueo no es compatible con una acción intencional, especialmente teniendo en cuenta que intentó apagar el fuego y sufrió lesiones graves durante el episodio.

Según Sánchez, “nadie se auto infringe daños intentando apagar un incendio que supuestamente inició de manera deliberada”.

Próximas instancias del proceso

La audiencia continuará el próximo 27 de marzo, cuando las partes deberán avanzar en la presentación de pruebas y en la posibilidad de establecer convenciones probatorias, es decir, hechos que no serán discutidos durante el juicio.

Entre ellos podrían incluirse aspectos como la existencia del incendio y los daños ocasionados, mientras que el debate central girará en torno a la responsabilidad y la intencionalidad del hecho.

Posteriormente, la jueza deberá definir qué magistrado estará a cargo del juicio oral, instancia en la que se resolverá finalmente la situación judicial del imputado.

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