Con el quórum asegurado, el Senado de la Nación inició este jueves, poco después de las 12.20, el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional que genera mayor controversia por las modificaciones que propone sobre la Ley de Tierras Rurales (26.737) y la Ley de Manejo del Fuego.
Se trata del tercer intento del oficialismo por llevar la iniciativa al recinto. Tras no poder avanzar en las sesiones del 4 y del 25 de junio, esta vez reunió los apoyos necesarios para comenzar el debate, en la que será la última sesión ordinaria del semestre.
La postura del Gobierno
En la previa de la sesión, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió el proyecto al sostener que busca «restablecer el derecho constitucional a la propiedad privada» y brindar mayor seguridad jurídica.
Según explicó, la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, estableció restricciones «generales y arbitrarias» para la compra de tierras por parte de extranjeros. En ese sentido, afirmó que la reforma pretende eliminar esos límites para favorecer la inversión privada, aunque manteniendo controles específicos sobre Estados extranjeros y empresas controladas por ellos.
El funcionario también defendió los cambios propuestos a la Ley de Manejo del Fuego, al considerar que la normativa vigente «castiga al productor víctima de incendios» y aseguró que la reforma no modifica la protección de los bosques nativos, ya que la Ley de Bosques permanecería sin cambios.
La mirada crítica
En contraposición, la abogada Florencia Gómez, especialista en políticas de tierras rurales y una de las redactoras de la Ley 26.737, cuestionó los argumentos oficiales durante una entrevista con Dante Lobos en Otra vuelta de tuerca, por Canal 4 y FM Sol 94.7.
Para Gómez, el verdadero objetivo del proyecto es desmantelar las principales herramientas de control sobre la extranjerización de tierras. «Hablan de una ley de inviolabilidad de la propiedad privada porque no pueden decir que van a derogar la Ley de Tierras», afirmó.
La exfuncionaria recordó que la legislación vigente fija un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, además de impedir la venta a capitales extranjeros de inmuebles con cuerpos de agua permanentes y establecer restricciones en zonas de frontera, aspectos que, según explicó, quedarían significativamente debilitados con la reforma.
Respecto de la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, Gómez consideró que también representa un retroceso al flexibilizar las restricciones sobre el cambio de uso de suelos afectados por incendios.
Un debate con impacto en la Patagonia
La discusión tiene especial relevancia para provincias como Chubut, donde confluyen grandes extensiones rurales, áreas de frontera, importantes reservas de agua dulce y antecedentes de incendios forestales de gran magnitud.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones y fortalecer el derecho de propiedad, los sectores críticos advierten que podría facilitar una mayor concentración de tierras en manos de grandes capitales y reducir las herramientas de protección sobre recursos considerados estratégicos.
Con el debate ya en marcha, el Senado deberá definir si el proyecto avanza o si se mantienen las restricciones que rigen desde 2011 para la propiedad de tierras rurales en Argentina.
Mirá la entrevista completa
En diálogo con Otra vuelta de tuerca, Florencia Gómez desarrolla en profundidad los cambios que propone el proyecto, responde a los argumentos del Gobierno y explica por qué considera que la iniciativa puede tener consecuencias sobre la soberanía territorial, el acceso al agua y la protección ambiental.
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