Una causa por violencia de género y crueldad animal fue elevada a juicio oral y público luego de una audiencia preliminar de control de acusación en la que la fiscal María Bottini y la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato sostuvieron los cargos contra el imputado.

El hombre llegará a juicio acusado por los delitos de crueldad animal en concurso real con amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo, todos ellos atribuidos por la Fiscalía en un contexto de violencia de género.

Los hechos investigados por el Ministerio Público Fiscal ocurrieron a mediados de enero de 2026, en la vivienda que compartían el acusado y su pareja.

La acusación de la Fiscalía

Según la hipótesis fiscal, durante una discusión ocurrida el 13 de enero, el acusado intentaba expulsar a la mujer y a sus tres hijos del domicilio cuando tomó a “Puchi”, una perra de raza galga, y la sacó al exterior.

La acusación sostiene que el hombre ahorcó al animal con un alambre de púa frente a los niños, mientras realizaba manifestaciones intimidatorias.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la Fiscalía, habría obligado a la mujer a observar lo sucedido mientras la amenazaba y luego habría mutilado al animal todavía con vida, para finalmente arrojar su cuerpo en un pinar cercano.

La Fiscalía encuadró lo ocurrido como un episodio de violencia vicaria, al considerar que el daño contra el animal habría sido utilizado para provocar sufrimiento psicológico y amedrentar a la mujer.

Una segunda agresión investigada

La acusación también sostiene que al día siguiente el imputado cortó el suministro eléctrico de la vivienda para impedir la preparación del desayuno de los niños.

En esa oportunidad, según la investigación, habría agredido físicamente a la mujer, provocándole lesiones constatadas médicamente, con un período estimado de curación de entre 15 y 30 días.

Las pruebas y la postura de la defensa

Para sostener su acusación, la Fiscalía presentó el relato de la víctima, informes médicos forenses, información extraída del teléfono del acusado y peritajes del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV), que determinaron un nivel de riesgo alto.

La defensa oficial, por su parte, presentó una hipótesis diferente. Sostuvo que la muerte del animal habría ocurrido accidentalmente al quedar atrapado con alambres luego de una pelea con otros perros.

También argumentó que el acusado trasladó el cuerpo hasta el pinar para evitar que los niños lo vieran. Además, negó las agresiones físicas y cuestionó la intensidad del vínculo afectivo existente con la mascota.

Estas posiciones serán objeto de discusión y prueba durante el juicio.

La decisión judicial

La jueza resolvió que la causa avance a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal.

Al mismo tiempo, sobreseyó al acusado respecto de otro hecho relacionado con la delgadez de una perra galga, al considerar que no se reunieron elementos suficientes para atribuirle la autoría.

La magistrada también rechazó planteos de nulidad de la defensa, excluyó un informe elaborado por una médica veterinaria, aunque admitió que la profesional declare como testigo respecto de su intervención luego del hallazgo sin vida de “Puchi” en un pinar.

El resto de la prueba ofrecida fue admitida.

Ahora, la Oficina Judicial deberá sortear al juez que intervendrá en el debate y establecer la fecha del juicio. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante esa instancia.

Fuente: Ministerio Público Fiscal

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