La investigación impulsada por el fiscal Fidel González y el funcionario de fiscalía Julián Forti fue elevada a juicio oral y público, luego de que el magistrado interviniente rechazara todos los planteos presentados por la defensa del imputado.

La resolución fue dictada este 5 de junio de 2026 y habilita la realización del debate ante un Tribunal Mixto, que será el encargado de analizar las pruebas reunidas durante la etapa investigativa y determinar la responsabilidad penal del efectivo policial.

El hecho investigado

De acuerdo con la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de febrero de 2025, alrededor de las 03:42 horas, en la intersección de las calles Alsina y Sarmiento de Esquel.

La Fiscalía sostiene que el cabo primero se encontraba cumpliendo funciones a bordo de un móvil policial cuando descendió para interceptar a un adolescente de 15 años que caminaba por la vía pública.

Según la imputación, la detención habría sido abusiva y arbitraria, ya que no existirían circunstancias de flagrancia que justificaran la intervención policial.

La acusación agrega que, tras ordenar al joven que se arrojara al suelo, el efectivo le habría propinado varios golpes con una tonfa policial, ocasionándole lesiones leves en las piernas y una mano.

Los delitos atribuidos

La acusación fue admitida por el tribunal y el policía llegará a juicio enfrentando cargos por distintos delitos contemplados en el Código Penal.

Entre ellos figuran:

• Apremios ilegales agravados.
• Lesiones leves agravadas.
• Abuso de autoridad.

La Fiscalía considera que los hechos investigados constituyen un caso de presunta violencia institucional ejercida durante el cumplimiento de funciones policiales.

La defensa pidió el sobreseimiento

Durante las audiencias preliminares, la defensa solicitó el sobreseimiento del imputado y cuestionó la acusación fiscal.

Entre sus argumentos sostuvo que, debido a la jerarquía del efectivo, este no contaba con facultades administrativas para dictar determinadas órdenes y que su intervención se produjo a raíz de un llamado vecinal previo.

Sin embargo, el juez rechazó esos planteos al considerar que no existen elementos que permitan desvincular al acusado de manera definitiva en esta etapa del proceso.

Las razones de la decisión judicial

Al fundamentar la elevación a juicio, el magistrado señaló que no existe una “certeza negativa” que permita descartar la participación del imputado en los hechos investigados.

Asimismo, remarcó que, por su condición de funcionario policial, el acusado conocía las normas y límites establecidos para el ejercicio de sus funciones.

El juez también sostuvo que los argumentos planteados por la defensa constituyen cuestiones de fondo que deberán ser discutidas y analizadas durante el debate oral, donde se producirá la prueba y declararán los testigos convocados por las partes.

Esperan la fecha del juicio

Con la resolución ya firme en esta instancia, la Oficina Judicial deberá avanzar en la fijación de la fecha del juicio oral y definir la integración del Tribunal Mixto que tendrá a su cargo el análisis del caso.

Será durante ese debate donde la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus pruebas y argumentos para determinar si el efectivo policial es o no responsable de los delitos que se le atribuyen.

Fuente: Ministerio Público Fiscal

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