Un proyecto para fomentar energías renovables
En el inicio de su exposición, Evans explicó que uno de los proyectos busca promover el desarrollo de la energía distribuida en la localidad, especialmente a través de usuarios generadores que producen electricidad mediante fuentes renovables.
“La idea es democratizar la energía”, afirmó.
El edil detalló que actualmente existen alrededor de 20 usuarios generadores en Trevelin y sus parajes, y destacó la importancia de que los vecinos no solo sean consumidores, sino también actores activos dentro del sistema energético.
Beneficios fiscales y paneles solares
Según explicó Evans, la propuesta apunta a que el municipio implemente políticas de incentivo para quienes generen energía renovable, mediante descuentos en tasas inmobiliarias u otros beneficios fiscales.
Además, propuso que el propio municipio avance en la instalación de paneles solares en edificios públicos para reducir costos energéticos y dar una señal concreta sobre el impulso a energías limpias.
“El futuro viene por millones de hogares produciendo energía para consumo propio y también para otros”, sostuvo.
El concejal remarcó además que la iniciativa se enmarca dentro de la Ley Nacional 27.424, normativa que fomenta la generación distribuida de energías renovables.
Pedido para derogar la ordenanza sobre vapeadores
En otro tramo de su intervención, Evans anunció la presentación de un proyecto para derogar la ordenanza 2666, aprobada el mes pasado por el Concejo Deliberante.
La normativa vigente prohíbe la venta, suministro y comercialización de dispositivos electrónicos destinados a inhalar vapor o aerosoles, conocidos popularmente como vapeadores.
Sin embargo, el edil sostuvo que la situación cambió tras la publicación de nuevas normativas nacionales.
“Entramos en un conflicto jurídico”
Evans argumentó que la reciente resolución 549/2026 del Ministerio de Salud y la disposición 2543/26 de ANMAT regulan actualmente esos productos en lugar de prohibirlos.
Por ese motivo, consideró que la ordenanza municipal entra en contradicción con normas nacionales superiores.
“Ninguna norma inferior puede ir contra una norma superior”, explicó.
El concejal advirtió además que mantener vigente la ordenanza podría derivar en reclamos judiciales por restricciones arbitrarias al comercio.
“Estamos yendo en contra de un principio nacional de legalidad y jerarquía normativa”, concluyó.
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