El concejal Rubén Álvarez, del bloque Juntos por el Cambio, confirmó que el Concejo Deliberante evalúa la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria, teniendo en cuenta la cercanía del inicio del período ordinario, previsto para el 13 de marzo.
Uno de los proyectos en análisis es una ordenanza de incentivos a la construcción, cuyo último tratamiento se realizó el 26 de diciembre en la Comisión de Legales, quedando pendiente la emisión de un dictamen legal solicitado al asesor jurídico.
En ese marco, la presidenta de la Comisión de Legales convocará a una nueva reunión el jueves de la próxima semana, con el objetivo de analizar el dictamen y definir si el proyecto obtiene despacho favorable. En función de ese resultado, se evaluará si se solicita una sesión extraordinaria o si el tratamiento queda para la primera sesión ordinaria.
El proyecto busca otorgar beneficios concretos a vecinos que deseen construir, ya sea una vivienda desde cero, ampliaciones habitacionales o pequeños locales comerciales, siempre que se garantice la contratación de mano de obra local. Entre los beneficios se contempla, por ejemplo, hasta tres años sin pago del impuesto inmobiliario, además de exenciones en tasas y presentaciones administrativas.
Álvarez explicó que la iniciativa apunta a dinamizar la economía local, fortaleciendo el empleo en el sector de la construcción, la compra de materiales y el movimiento económico cotidiano, especialmente teniendo en cuenta que el invierno limita el inicio de obras.
A esto se suma la prórroga de facilidades para la regularización de construcciones no declaradas, medida que fue votada por segundo año consecutivo y se extenderá hasta septiembre del próximo año.
En paralelo, el Concejo también abordó temas ambientales. La Comisión de Ambiente trató una presentación de vecinos por posibles daños ambientales en el sector del Cerro La Torta. Ante esta situación, se solicitó toda la documentación correspondiente y se inició un expediente para reunir pruebas.
El Ejecutivo Municipal realizó la denuncia formal ante Fiscalía y la Secretaría de Bosques, mientras que el Concejo Deliberante solicitó copias de esas actuaciones, además de información geográfica precisa para determinar si los hechos ocurrieron dentro del ejido municipal.
Álvarez recordó que en un caso anterior similar, la documentación aportada por el Concejo fue clave para una condena judicial, y aseguró que el procedimiento actual seguirá el mismo camino: recolección exhaustiva de pruebas, análisis de autorizaciones y verificación del cumplimiento de las ordenanzas vigentes.
Finalmente, también se informó que el proyecto vinculado al Parque Industrial y la playa de transferencias continúa en estudio, ya que recibió observaciones de la oposición, por lo que será el Ejecutivo quien evalúe posibles modificaciones antes de volver a presentarlo para su tratamiento legislativo.
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