La causa penal que investiga posibles maniobras irregulares en la contratación de empresas para la reparación de establecimientos educativos en la cordillera de Chubut tuvo un nuevo retraso este miércoles por la mañana, durante la audiencia preliminar desarrollada en Rawson.
El planteo fue realizado por el abogado penalista Romano Cominetti, defensor de Maximiliano García, quien solicitó la incompetencia de la justicia provincial al considerar que los fondos utilizados para las obras fueron enviados por el Estado Nacional, lo que implicaría la intervención de la Justicia Federal.
Ante esta presentación, la jueza de garantías Karina Breckle resolvió otorgar un plazo de 20 días hábiles al Ministerio Público Fiscal del Chubut para que analice y reconsidere la “incompetencia parcial” solicitada. La magistrada suspendió la audiencia y consideró sorpresivo el planteo defensivo, teniendo en cuenta que el proceso judicial se encuentra abierto desde hace aproximadamente dos años.
En el mismo marco, fue desestimada la participación como querellante del titular de la Oficina Anticorrupción de la Provincia, Diego Carmona, quien no se presentó a la audiencia pese a haber sido notificado el 12 de diciembre y contar con un tiempo adicional para comparecer en la Oficina Judicial.
La causa tiene nueve imputados: dos particulares vinculados a empresas constructoras y siete exfuncionarios provinciales, algunos de ellos sin relación actual con el Estado. El origen de la investigación fue la falla en el sistema de calefacción de la Escuela N° 93 de El Maitén, que provocó una intoxicación por monóxido de carbono, poniendo en riesgo a alumnos y personal docente.
Según la acusación fiscal, se habría implementado un sistema de simulación de compulsas de precios, con procedimientos que aparentaban legalidad pero que, en realidad, estarían respaldados por acuerdos previos para direccionar las adjudicaciones de obras públicas en establecimientos educativos de la región.
La investigación alcanza a los contratistas Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León, junto a los exfuncionarios Antonio Chacón, Gustavo Campos, Gustavo Barauna, Mónica Martínez Carpio, Claudio Márquez, Rocío Preciado y el ya mencionado Maximiliano García.
A los imputados se les atribuyen los delitos de defraudación por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con un perjuicio económico estimado en alrededor de 20 millones de pesos.
Fuente: Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson
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