¿A quiénes alcanza la reforma?

Una de las principales dudas es si la ley regirá solo para nuevos contratos o también para quienes ya están trabajando. “Se aplicará a todos los trabajadores, independientemente de cuándo ingresaron”, aseguró Matías Cremonte.

Explicó que el contrato de trabajo es una relación continua, por lo que la ley vigente al momento de cada hecho (despido, licencia, vacaciones) es la que se aplica.

Si un trabajador es despedido dentro de un año, la indemnización se calcularía con la ley vigente en ese momento, aunque haya ingresado hace 20 años. Podrá discutirlo judicialmente, pero deberá iniciar un juicio que podría demorar varios años.

Licencias médicas: del 100% al 75% o 50%

Uno de los cambios incorporados a último momento modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Actualmente, ante una enfermedad o accidente inculpable, el trabajador cobra el 100% del salario durante el período de licencia.

Con la reforma:

• 75% del salario para enfermedades o accidentes sin culpa del trabajador (por ejemplo, una gripe o enfermedad común).
• 50% del salario si la lesión deriva de una actividad voluntaria considerada de riesgo (como practicar un deporte).

Cremonte advirtió que la norma no define con precisión qué se considera “actividad riesgosa”, dejando margen a interpretaciones del empleador.

“Si el empleador considera que te pusiste en riesgo, puede pagarte la mitad. Y será el trabajador quien deba iniciar un juicio”, explicó.

Reducción del plazo de cobertura

Además del recorte salarial, también se reduce el período durante el cual el empleador debe pagar.

El esquema actual contempla hasta 6 meses o un año, según cargas de familia. Con la reforma, se reduciría a 3 o 6 meses. Esto impactaría especialmente en enfermedades graves o tratamientos prolongados.

“Una persona con cáncer, además de atravesar esa situación, rápidamente vería disminuido y luego suspendido su salario”, advirtió.

Reclamos judiciales y escenario complejo

Ante descuentos del 25% o 50%, el trabajador podría reclamar judicialmente, incluso planteando la inconstitucionalidad de la norma.

Sin embargo, Cremonte señaló que hacerlo con la relación laboral vigente implica riesgos y demoras. “En nuestro sistema, el control de constitucionalidad es caso por caso. No es automático ni general”, explicó.

La iniciativa ya tiene media sanción del Senado y ahora será debatida en la Cámara de Diputados.

Para Cremonte, la discusión sobre a quiénes alcanza y cómo impactan los descuentos salariales es central: “No es una ley para los nuevos. Es para todos”.

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