El Senado de la Nación debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, luego de que el oficialismo aceptara introducir 28 modificaciones al texto original para garantizar su tratamiento en el recinto.
La sesión estará atravesada por un fuerte clima de tensión política y social: la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció movilizaciones en todo el país, con una concentración central frente al Congreso nacional, en rechazo a la iniciativa oficial.
La convocatoria sindical se realizará en simultáneo con el debate parlamentario y contará con réplicas en distintas provincias, en lo que la central obrera definió como una jornada de protesta “en defensa del trabajo y los derechos laborales”.
Los cambios y el respaldo político
Las modificaciones al proyecto fueron anunciadas este martes por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien confirmó que el dictamen consensuado cuenta con el acompañamiento de un amplio arco de bloques opositores dialoguistas, lo que le permitiría reunir entre 42 y 44 votos en la votación en general.
Según explicó la senadora, el nuevo texto es el resultado de “meses de trabajo” y de un acuerdo con la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. “Es la primera ley laboral de la democracia que propone un cambio estratégico en las relaciones laborales”, sostuvo.
Uno de los cambios centrales fue la eliminación del artículo que proponía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para las empresas, una cláusula resistida por los gobernadores por su impacto en la coparticipación. El Gobierno decidió postergar ese debate hasta avanzar en una reforma fiscal integral que incluya a Nación, provincias y municipios.
Indemnizaciones e “industria del juicio”
Entre los ejes defendidos por el oficialismo se encuentra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplaza el sistema tradicional de indemnizaciones. El fondo será financiado con aportes empresariales diferenciados: 1% para grandes empresas; 2,5% para PyMEs, con posibilidad de incrementos bajo control parlamentario.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a reducir la litigiosidad laboral y brindar previsibilidad a las empresas. Bullrich afirmó que se busca terminar con lo que denominó la “industria del juicio”, aunque aclaró que esa expresión fue retirada del texto legal final.
Sin embargo, este punto es uno de los más cuestionados por especialistas en derecho laboral. El exjuez de la Cámara Nacional del Trabajo Luis Raffaghelli advirtió que el proyecto “parte de un diagnóstico falso” y que presenta al trabajador como responsable del conflicto laboral, cuando en realidad –sostiene– “la litigiosidad es consecuencia de incumplimientos empresariales”.
Aportes sindicales y concesiones del Gobierno
En el marco de las negociaciones, el Ejecutivo también cedió ante reclamos sindicales y provinciales. Se mantendrá el aporte patronal a las obras sociales en el 6%, continuarán los aportes solidarios obligatorios por dos años, con un tope del 2%, y los empleadores seguirán siendo agentes de retención de la cuota sindical.
El oficialismo defiende estas concesiones como parte de un equilibrio político necesario para avanzar con la reforma. Desde sectores críticos, en cambio, se advierte que el corazón del proyecto sigue intacto, especialmente en lo referido a la flexibilización de las relaciones laborales.
Estatutos profesionales y rechazo gremial
El proyecto mantiene sin cambios el capítulo de derogaciones, que incluye la eliminación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el Estatuto del Periodista, que quedará sin efecto a los 180 días de reglamentada la ley.
Este punto es otro de los ejes del rechazo sindical. Sostienen que la derogación de estatutos implica “un retroceso histórico en materia de derechos colectivos” y advierten que la reforma “desarma sistemas de protección construidos durante décadas”.
Un debate clave, dentro y fuera del Congreso
Con el respaldo político necesario para avanzar, el oficialismo confía en aprobar la reforma laboral en general este miércoles, aunque anticipa una discusión más ajustada en la votación en particular.
Mientras tanto, el debate se trasladará también a la calle, con la CGT y otros gremios movilizados frente al Congreso en rechazo a una iniciativa que, según denuncian, beneficia a los empleadores y debilita los derechos de los trabajadores.
En paralelo a la convocatoria de la CGT, la CTA de lxs Trabajadorxs – Chubut anunció su adhesión a la movilización nacional del miércoles 11 de febrero, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Bajo la consigna “Resistir, luchar y construir”, la central sindical llamó a manifestarse en defensa de los derechos de lxs trabajadorxs y contra la precarización laboral. En la ciudad de Esquel, la concentración está prevista para las 10 de la mañana en la intersección de 25 de Mayo y Rivadavia, con una convocatoria previa en las puertas del sindicato ATECH Regional Oeste y una posterior jornada de panfleteada.
El tratamiento de la reforma laboral se perfila así como uno de los debates más relevantes y conflictivos del año legislativo.
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