Organizaciones ambientales de todo el país avanzan en la preparación de una presentación judicial para declarar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares, recientemente aprobada por el Congreso.
Según explicó el biólogo Matías Arriazi, integrante de Greenpeace, la estrategia se trabaja de manera conjunta con entidades como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizaciones de abogados ambientalistas: “La demanda va a ir por la inconstitucionalidad, porque esta reforma viola leyes nacionales y acuerdos internacionales”, afirmó.
En ese marco, también se impulsa una demanda colectiva por la defensa del agua, que ya logró una fuerte adhesión en todo el país. Según detallaron, en apenas 24 horas se superaron las 500 mil personas registradas, lo que marca el nivel de preocupación social frente a la modificación de la norma.
Desde Greenpeace aclararon que quienes se suman a la iniciativa no asumen obligaciones legales, sino que acompañan y respaldan la acción judicial: “Van a ser parte de la demanda sin tener responsabilidades legales directas, pero con un rol clave en la expresión social”, explicó Arriazi.
En relación al contenido de la reforma, el especialista advirtió que implica un retroceso en la protección ambiental, al modificar los presupuestos mínimos que garantizaban el cuidado de los glaciares: “Se está desprotegiendo una reserva estratégica de agua dulce en un contexto de crisis climática”, sostuvo.
Greenpeace documentó desde el aire glaciares y ambiente periglacial de San Juan y las áreas en las que hay proyectos mineros; a pesar de estar protegidas por la normativa vigente. La Ley 26.639 establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial por ser reservas estratégicas de agua dulce.
Además, recordó que los glaciares cumplen un rol fundamental en el sistema hídrico del país, ya que aportan agua en períodos de sequía, llegando a representar entre el 20% y el 50% del caudal de algunos ríos.
Otro de los cuestionamientos apunta al proceso legislativo, que -según indicaron- tuvo limitaciones en la participación ciudadana. En ese sentido, señalaron que una audiencia pública contó con una alta inscripción pero con una participación efectiva muy reducida.
Finalmente, desde las organizaciones remarcaron que la convocatoria sigue abierta e invitaron a la comunidad a sumarse. “Es una forma de defender el agua y el ambiente para las generaciones presentes y futuras”, concluyeron.
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