En medio del debate por la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, el Coordinador del Área de Legales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Cristian Fernández advirtió que el proyecto “es inconstitucional” y anticipó que, en caso de aprobarse, será judicializado.

La iniciativa, que se tratará este miércoles desde las 15, propone redefinir las zonas protegidas y otorgar mayor poder a las provincias, un punto que –según el especialista– entra en conflicto directo con la Constitución Nacional.

En diálogo con Dante Lobos en Otra vuelta de tuerca, Fernández fue categórico: “Lo que está en juego es una reforma constitucional encubierta”, afirmó.

El eje jurídico: límites constitucionales

El planteo central se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso debe fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental. “Las provincias pueden complementar esa protección, pero nunca reducirla”, explicó.

Desde esa perspectiva, sostuvo que el proyecto rompe ese esquema al habilitar que cada jurisdicción defina qué áreas proteger: “Se le da un cheque en blanco a los gobernadores para decidir dónde hay glaciares y si se protegen o no”.

Otro de los puntos clave del cuestionamiento es el principio de no regresión ambiental, incorporado en acuerdos internacionales ratificados por Argentina. “Una vez que se alcanza un nivel de protección, no se puede retroceder”, remarcó.

Para Fernández, la reforma implica “una marcha atrás” en la protección de ecosistemas estratégicos como los glaciares y ambientes periglaciares.

Camino judicial: “No termina en el Congreso”

Ante la posibilidad de que el oficialismo reúna los votos necesarios, el abogado anticipó un escenario de conflicto en los tribunales. “Si este proyecto se aprueba, nos veremos en la Justicia”, aseguró.

En ese sentido, adelantó que las organizaciones ambientales avanzarán con distintas herramientas legales para frenar la aplicación de la ley, incluyendo presentaciones judiciales con medidas cautelares y apelaciones en distintas instancias con el objetivo de llegar a la Corte Suprema. Incluso, no descartó recurrir a tribunales internacionales en caso de no obtener respuestas a nivel local.

“Es una batalla que puede durar años, pero estamos hablando del agua y del futuro”, advirtió.

Lejos de cerrar el debate, Fernández dejó en claro que la aprobación de la reforma abriría una nueva etapa de disputa: “Este no sería el último capítulo de esta historia”, concluyó.

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