Una condena que marca límites
En los tribunales de Lago Puelo, la Justicia dictó una sentencia condenatoria contra Abel Gustavo Sanvitale (42), quien reconoció haber incumplido reiteradamente las órdenes judiciales dictadas para proteger a su expareja.
El acuerdo se alcanzó mediante un juicio abreviado, herramienta procesal que permitió cerrar el proceso con una condena firme sin llegar a un juicio oral, evitando que la víctima debiera atravesar nuevamente una instancia judicial extensa y revivir los hechos.
La pena acordada establece tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que el condenado no irá a la cárcel, pero deberá cumplir estrictamente una serie de condiciones impuestas por la Justicia.
La reiteración de los incumplimientos
La investigación del Ministerio Público Fiscal reconstruyó una conducta persistente de desobediencia. Sanvitale admitió su responsabilidad en siete hechos de desobediencia judicial ocurridos entre marzo y junio de 2025.
Durante ese período, el imputado ignoró de manera sistemática las medidas de protección dictadas por la Justicia, lo que derivó en nuevas actuaciones judiciales y finalmente en la consolidación de la causa penal.
Violencia y lesiones agravadas
Además de las reiteradas desobediencias, el acusado fue declarado penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.
Estos hechos formaron parte de la acusación sostenida por la Fiscalía y fueron reconocidos por el propio imputado al aceptar el acuerdo judicial.
Las condiciones que deberá cumplir
Aunque la pena es de cumplimiento condicional, el condenado deberá respetar estrictas reglas de conducta durante el plazo de la condena.
Entre las medidas dispuestas se encuentra la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima, además de la obligación de continuar con tratamiento psicológico y participar en el Ta.Vi.Re., un Taller de Visibilización y Reflexión sobre Violencia de Género.
También se estableció la prohibición de consumir estupefacientes y de abusar del alcohol, medidas destinadas a prevenir nuevos episodios de violencia.
El rol de la Fiscalía y la asistencia a la víctima
El acuerdo judicial fue impulsado por el funcionario de fiscalía Cristian Gustavo Cayún, quien llevó adelante la investigación y promovió la resolución mediante juicio abreviado.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la decisión fue previamente consultada con la víctima a través del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), garantizando que sus derechos fueran respetados y que su opinión fuera considerada durante todo el proceso.
La resolución judicial busca proteger a la víctima y establecer un límite claro frente al incumplimiento de las órdenes judiciales y la violencia de género.
#Justicia #ViolenciaDeGénero #Condena
