La Legislatura de Chubut aprobó la ley que prohíbe celulares en cárceles

Con amplia mayoría, la Legislatura del Chubut aprobó la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, con el objetivo de frenar estafas y redes delictivas.

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La Legislatura del Chubut aprobó este jueves, por amplia mayoría, la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Ignacio Torres, busca fortalecer la seguridad pública y prevenir delitos como estafas, extorsiones y amenazas que, según se indicó, se organizan desde el interior de los penales.

La sesión fue presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, y la ley contó con el acompañamiento de la mayoría de los bloques legislativos, entre ellos Despierta Chubut, Arriba Chubut, Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. Hubo votos en contra de algunos legisladores de Primero Chubut-CET y del Frente de Izquierda.

La normativa prohíbe el ingreso, tenencia y uso de celulares en cárceles, alcaidías y comisarías, e incorpora un sistema de comunicaciones controladas, que permitirá a los internos mantener contacto con familiares y defensores, pero sin acceso a internet ni aplicaciones digitales.

Durante el debate, desde el oficialismo señalaron que la medida apunta a desarticular redes delictivas que operan desde los centros de detención, y remarcaron que el objetivo es proteger a las víctimas y garantizar el rol del Estado en materia de seguridad.

También se destacó que la ley no vulnera derechos, ya que contempla un esquema de comunicación que respeta los derechos humanos y la normativa vigente, en línea con la Ley Nacional 24.660.

Desde distintos bloques que acompañaron la iniciativa, se planteó la necesidad de avanzar en soluciones concretas frente a delitos que afectan a la ciudadanía, aunque algunos legisladores señalaron que el tratamiento fue apresurado y que aún existen aspectos a mejorar, como la infraestructura en comunicaciones dentro de los establecimientos.

En tanto, quienes votaron en contra cuestionaron la falta de datos estadísticos sobre la incidencia del uso de celulares en delitos y advirtieron sobre posibles riesgos de estigmatización hacia las personas privadas de libertad.

La ley establece además mecanismos de control y decomiso de dispositivos, así como la implementación de tecnologías para evitar el uso clandestino de comunicaciones móviles dentro de las unidades.

Con esta medida, la provincia busca avanzar en una política de prevención del delito y reforzar el funcionamiento del sistema penitenciario.

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