La Justicia dio un nuevo paso en la causa por el violento episodio registrado a principios de junio en Aldea Escolar, al formalizar la investigación contra un joven de 29 años, empleado público, acusado de doble tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.

La audiencia contó con la participación del fiscal Fidel González y el funcionario de Fiscalía Julián Forti, quienes presentaron formalmente los cargos ante el juez penal. A partir de esta instancia, se abrió un plazo de seis meses de investigación para reunir pruebas y determinar si la causa avanza hacia juicio oral.

La reconstrucción de los hechos

Según la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de junio de 2026, luego de un conflicto que se habría iniciado previamente en un local nocturno y en un contexto atravesado por el consumo de alcohol.

La acusación sostiene que el imputado llegó en motocicleta hasta un pasaje de Aldea Escolar portando una carabina calibre .22 con mira telescópica. Allí, dos personas intentaron intervenir para calmar la situación.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría amenazado de muerte a una de ellas y efectuado al menos cuatro disparos. Dos proyectiles impactaron en la víctima, uno en el hombro y otro en el pómulo izquierdo. Este último permanece alojado en su cuerpo y deberá ser extraído mediante una intervención quirúrgica.

La Fiscalía indicó además que, cuando una segunda persona intentó auxiliar al herido, el agresor habría apuntado el arma hacia su pecho. Sin embargo, logró sujetar el cañón del fusil, desviar el disparo y reducir al atacante con la colaboración de un tercer individuo hasta la llegada de la Policía.

La postura de la defensa

La defensa del imputado rechazó la calificación impulsada por la Fiscalía y sostuvo que no existió intención de matar.

Además, destacó que el acusado sufrió graves lesiones durante el episodio y debió ser internado tras recibir golpes mientras era retenido por civiles. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal abrió una investigación paralela para determinar si quienes participaron de la reducción actuaron dentro de los límites legales o incurrieron en un exceso en el uso de la fuerza.

Arresto domiciliario durante seis meses

Uno de los aspectos centrales de la audiencia fue la definición de las medidas de coerción que deberá cumplir el imputado mientras avanza el proceso.

La Fiscalía planteó la existencia de riesgo de fuga y de posible influencia sobre testigos, teniendo en cuenta la gravedad del delito investigado y el impacto generado en una comunidad pequeña.

Sin embargo, al valorar que el acusado carece de antecedentes penales, posee empleo estable y permaneció a disposición de la Justicia durante su recuperación médica, las partes acordaron la aplicación de un arresto domiciliario por seis meses.

La medida deberá cumplirse en la vivienda de su madre, en Trevelin, bajo estrictos controles policiales diarios. Además, contará con autorización para concurrir a tratamientos médicos vinculados a las lesiones sufridas y podrá desempeñar tareas laborales específicas relacionadas con su función en la Dirección de Vialidad Provincial.

El juez consideró que la medida resulta proporcional y razonable para garantizar el desarrollo de la investigación y asegurar la comparecencia del imputado durante todo el proceso judicial.

Fuente: Ministerio Publico Fiscal

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