El procurador fiscal Ismael Cerda confirmó que la Justicia dictó 90 días de prisión preventiva para una pareja acusada de protagonizar una serie de estafas con vehículos en Esquel, tras una investigación que permitió detectar un patrón delictivo reiterado.
Según detalló, se acumularon cuatro legajos fiscales vinculados a maniobras realizadas entre febrero y marzo de 2026, en las que los imputados habrían obtenido millones de pesos en efectivo y varios vehículos de vecinos y comerciantes de la ciudad.
Una maniobra planificada
Desde la Fiscalía se indicó que no se trató de simples incumplimientos comerciales, sino de un ardid con intención de estafar: “No eran negocios incumplidos, había una clara intención de no pagar y apoderarse de los bienes”, explicó Cerda.
El mecanismo consistía en presentarse como compradores interesados en vehículos publicados en redes sociales, generando confianza con las víctimas.
Cómo operaba la estafa
De acuerdo a la investigación, la operatoria incluía:
- Entrega de pagarés firmados que nunca eran cancelados
- Uso de formularios legales para dar apariencia de operaciones válidas
- Entrega de vehículos de menor valor, muchos de ellos provenientes de estafas previas
- Señas mínimas en concesionarias para simular compras reales
- Transferencias rápidas u ocultamiento de los vehículos obtenidos
En algunos casos, las víctimas confiaban al verificar datos en agencias oficiales o al recibir referencias de otras personas que habían sido previamente engañadas.
Detención y avance de la causa
Los imputados, un hombre y una mujer, fueron detenidos en Puerto Deseado (Santa Cruz) tras una orden judicial, luego de que la Fiscalía lograra ubicarlos tras una investigación que incluyó múltiples diligencias: “Son personas nómades, sin domicilio fijo, lo que dificultó su localización”, indicó el fiscal.
Además, se confirmó que hay un tercer involucrado menor de edad, que no fue detenido.
Los fundamentos de la prisión preventiva
El juez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la medida de coerción por:
- Peligro de fuga, debido a la falta de domicilio comprobable
- Gravedad del daño económico, que supera los 112 millones de pesos
- Riesgo de entorpecimiento, ya que aún no se recuperaron bienes ni dinero
“Hay elementos suficientes para sostener que se trata de una maniobra compleja y reiterada”, sostuvo el magistrado.
Investigación en curso
La causa continuará en etapa investigativa mientras se intenta recuperar los vehículos y documentación faltante.
En ese marco, Cerda remarcó que el objetivo inmediato es formalizar la imputación, fijar domicilio legal y avanzar en el proceso judicial.
Llamado a evitar la estigmatización
Por último, el fiscal hizo una aclaración sobre el tratamiento público de este tipo de hechos y pidió evitar generalizaciones: “No corresponde hablar de comunidades o etnias. Son personas que cometen delitos y deberán responder ante la Justicia”, señaló.
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