El Superior Tribunal se declaró incompetente y Trevelin espera una definición judicial por el conflicto del GIRSU

En una entrevista brindada en el programa Primera Mañana, el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, confirmó que el Superior Tribunal de Justicia se declaró incompetente en la acción declarativa presentada por el municipio para definir el rol que ocupa dentro del GIRSU. Además, cuestionó la desafectación de cinco trabajadores de Trevelin que prestaban servicios en la planta de tratamiento de residuos.

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El conflicto entre Trevelin y Esquel por el funcionamiento del GIRSU sumó un nuevo capítulo judicial. Según explicó Ingram en Primera Mañana, el Superior Tribunal de Justicia resolvió declararse incompetente y remitió el expediente nuevamente al Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel.

Ellos manifiestan su incompetencia y lo remiten al juzgado de primera instancia de Esquel”, señaló el intendente, quien recordó que la presentación buscaba una “declaración de certeza” para determinar qué rol ocupa Trevelin dentro del convenio marco que dio origen a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Ingram sostuvo que el objetivo es obtener una definición de fondo sobre la relación institucional entre ambos municipios. “Nosotros entendemos que somos socios dentro del GIRSU”, afirmó, al tiempo que cuestionó que en los últimos años Trevelin haya sido tratado “como contribuyente” y no como parte integrante del sistema.

El reclamo por el convenio y la deuda

Durante la entrevista, el jefe comunal insistió en que el conflicto no puede resolverse de manera unilateral y remarcó que el convenio marco firmado entre ambas localidades establece obligaciones compartidas.

No puede ser una decisión unilateral”, sostuvo al referirse a los planteos impulsados desde sectores políticos de Esquel para dejar sin efecto el acuerdo.

En relación con la deuda reclamada por Esquel, Ingram aseguró que Trevelin nunca dejó de pedir información detallada sobre los costos y recordó que, según indicó, en una reunión encabezada por funcionarios de ambas ciudades se había reconocido que Trevelin había aportado más recursos para la construcción del módulo uno.

No se pagó porque tampoco hubo facturación”, afirmó el intendente, quien además aseguró que la discusión quedó inconclusa tras la suspensión de esos cobros.

Cinco trabajadores quedaron desafectados de la planta

Uno de los puntos más sensibles planteados por Ingram fue la situación de los cinco trabajadores municipales de Trevelin que cumplían tareas en la planta del GIRSU y que recientemente fueron desafectados.

El intendente explicó que el municipio del Pueblo del Molino aportaba personal, además de maquinaria y vehículos, para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, señaló que desde abril dejaron de prestar servicios sin que existiera un acuerdo previo entre ambas partes.

Sin ninguna resolución acordada entre los dos municipios se desistió de este personal”, cuestionó.

Ingram detalló que esos empleados continúan bajo la órbita municipal y que sus salarios eran diferenciales debido a las tareas específicas que desarrollaban en la planta. “Hasta abril estuvimos aportando personal”, indicó.

Actualmente, Trevelin continúa pagando por el ingreso de residuos al sistema, aunque ya no participa con trabajadores dentro del predio.

“Trevelin nunca inició el conflicto”

En otro tramo de la entrevista, Ingram aseguró que el municipio nunca promovió acciones para romper el esquema de funcionamiento del GIRSU y apuntó a la necesidad de que la Justicia esclarezca definitivamente la situación.

Siempre actuamos en base a cómo funcionaba la planta y fuimos trabajándolo”, manifestó.

También recordó que la creación del GIRSU se realizó con financiamiento nacional y provincial para eliminar los basurales a cielo abierto de ambas localidades, por lo que consideró que existe un compromiso conjunto que debe respetarse.

Mientras tanto, Trevelin aguardará la continuidad del proceso judicial y la resolución que permita determinar formalmente si el municipio es considerado cliente, contribuyente o socio dentro del sistema regional de tratamiento de residuos.

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