El Senado de la Nación retomó este jueves, poco después de las 14, el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el Gobierno nacional que busca introducir cambios en distintas normas vinculadas a la propiedad, las expropiaciones, los desalojos y el funcionamiento de los registros inmobiliarios.
La sesión se reanudó luego de que el oficialismo resolviera retirar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, uno de los puntos que había generado mayores cuestionamientos políticos y sociales y que había impedido avanzar con el debate el pasado 16 de julio.
La eliminación de ese apartado redujo la tensión previa a la sesión y mejoró las expectativas del bloque de La Libertad Avanza para lograr la aprobación de la iniciativa.
La polémica por las sesiones virtuales quedó en comisión
Uno de los primeros temas políticos de la jornada fue la situación de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, quienes habían solicitado participar de manera remota por razones médicas.
Fernández Sagasti cursa un embarazo de riesgo que le impide viajar, mientras que Fama se recupera de una intervención quirúrgica en una rodilla.
Finalmente, los presidentes de bloque acordaron enviar ambos pedidos a la Comisión de Asuntos Constitucionales, evitando abrir una discusión reglamentaria durante la sesión. De esta manera, ninguno de los dos legisladores participó de forma virtual en el debate.
Desde el oficialismo interpretaron esa decisión como un respaldo a la postura de la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien había cuestionado la habilitación de sesiones remotas impulsada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Qué cambios propone la ley
Aunque perdió el capítulo referido a la extranjerización de tierras, el proyecto mantiene una serie de modificaciones de fuerte impacto sobre el régimen de propiedad privada.
Entre los principales cambios contempla:
- Nuevas reglas para las expropiaciones, estableciendo criterios más estrictos sobre la utilidad pública y fijando como referencia el valor de mercado para calcular las indemnizaciones.
- Prohibición de transferir la propiedad hasta que el Estado haya abonado la indemnización correspondiente.
- Ampliación de los casos de expropiación irregular, incluyendo situaciones en las que el Estado limite significativamente el uso de un inmueble.
- Mayores restricciones para las ocupaciones temporarias de bienes por parte del Estado.
- Cambios en la regularización dominial, elevando a diez años el plazo de posesión requerido para acceder al régimen previsto por la legislación vigente.
- Reformas al Código Procesal Civil y Comercial para agilizar los procesos de desalojo y habilitar medidas anticipadas cuando existan ocupaciones ilegales.
- Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, eliminando algunas restricciones incorporadas en reformas anteriores.
- Modernización de los registros inmobiliarios, promoviendo la digitalización de trámites y la creación de una red federal de información registral.
Un debate que seguirá durante varias horas
El texto que analiza el Senado llega al recinto tras numerosas modificaciones realizadas desde mayo, por lo que gran parte de los cambios deberán ser explicados durante la propia sesión.
La oposición no descarta plantear que el proyecto vuelva a comisión para un nuevo análisis, mientras que el oficialismo apuesta a conseguir la sanción definitiva de una iniciativa que considera clave para fortalecer la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada.
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