Luego de más de 11 horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos de la oposición.
La votación general se concretó alrededor de las 2.30, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una jornada que había comenzado el día anterior pasadas las 15.
El oficialismo logró el respaldo de sus aliados parlamentarios y bloques provinciales vinculados a gobernadores de provincias cordilleranas con proyectos mineros, mientras que el rechazo fue encabezado por Unión por la Patria, la izquierda y sectores de otros bloques.
Una votación unificada que generó polémica
Uno de los puntos más cuestionados fue la decisión de realizar una única votación en general y en particular, impulsada por el oficialismo y aprobada por mayoría.
Desde la oposición habían reclamado votar artículo por artículo, lo que finalmente no prosperó. Esta modalidad derivó en algunas abstenciones, ya que ciertos legisladores no pudieron introducir cambios puntuales en el texto.
Protestas y tensión fuera del Congreso
Mientras se desarrollaba el debate, en las afueras del Congreso se registraron manifestaciones de organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas, que rechazaron la reforma.
La jornada incluyó momentos de tensión con las fuerzas de seguridad, que avanzaron sobre manifestantes en sectores de la Avenida de Mayo. También se replicaron protestas en otras provincias, como Mendoza.
Cuestionamientos y posible judicialización
Diversas organizaciones ambientales, ONG y particulares anticiparon que llevarán la ley a la Justicia, cuestionando tanto su contenido como el proceso de participación ciudadana.
Uno de los principales argumentos es que la audiencia pública realizada en marzo no habría cumplido con los estándares legales, ya que solo pudo exponer una mínima parte de las más de 100 mil personas inscriptas.
Además, desde sectores opositores sostienen que la norma podría implicar una “regresión en materia ambiental”, lo que el oficialismo rechaza.
Qué cambia con la nueva ley
La reforma introduce modificaciones clave en el régimen de protección de glaciares y ambiente periglacial.
Entre los principales puntos, se establece que:
- Las provincias tendrán mayor poder para definir qué áreas son consideradas glaciares o periglaciales.
- Podrán solicitar al organismo técnico nacional la modificación del Inventario Nacional de Glaciares.
- Se incorpora el criterio de uso racional de los recursos naturales, en línea con la Constitución.
- Se mantiene la prohibición de actividades como la minería o hidrocarburos solo en zonas con función hídrica comprobada.
- Se exige evaluación de impacto ambiental previa para proyectos en estas áreas.
Además, se redefine el rol del organismo técnico nacional encargado del inventario, que pasará a depender de la información suministrada por las provincias.
Un debate que sigue abierto
La aprobación de la reforma marca un punto de inflexión en la política ambiental y minera del país, pero el conflicto está lejos de cerrarse.
Con sectores que celebran una mayor autonomía provincial y otros que advierten sobre riesgos ambientales, el futuro de la ley podría definirse ahora en el ámbito judicial.
Con información de parlamentario.com
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