La figura penal que se le atribuye

Sandoval explicó que el prevaricato, previsto en el artículo 271 del Código Penal, sanciona a quien actúa deliberadamente en perjuicio de un cliente en favor de otro dentro del ejercicio profesional.

En ese contexto, la Fiscalía sostiene que habría intervenido en un “doble carácter” dentro de una causa penal. El abogado rechaza esa interpretación y asegura que nunca aceptó formalmente la defensa del condenado, requisito indispensable según explicó para quedar constituido como abogado en el proceso.

El origen del conflicto en una causa por abuso sexual

El caso se vincula con un expediente en el que un hombre fue condenado tras un juicio por jurado por abuso sexual. Según el relato del letrado, el condenado intentó designarlo para la etapa de revisión de la sentencia, pero él no asumió la representación.

Posteriormente, indicó que la joven denunciante de 17 años al momento de los hechos relatados se presentó en su estudio acompañada por sus padres y manifestó que la acusación inicial habría sido falsa.

Sandoval sostuvo que, tras escuchar el testimonio y contar con autorización familiar, decidió poner el material a disposición de la Fiscalía, al considerar que podrían existir nuevos hechos de acción pública como falsa denuncia, amenazas o extorsión.

“Mi intervención fue únicamente como denunciante de un posible delito”, afirmó.

La postura del Ministerio Público Fiscal

Para la Fiscalía, el hecho de haber escuchado a ambas partes del conflicto podría configurar una actuación incompatible.

El abogado, en cambio, insiste en que no representó legalmente ni al condenado ni a la denunciante, y que su actuación se limitó a trasladar información a la Justicia para su análisis.

“Hoy me imputan por haber ido a denunciar”, expresó, cuestionando que la investigación se dirija hacia su persona y no hacia el contenido de lo presentado.

Una audiencia clave

En los próximos días se realizará la audiencia donde la Fiscalía intentará formalizar la investigación en su contra.

Sandoval calificó la situación como de “gravedad institucional” y señaló que, de avanzar la imputación, podrían imponérsele restricciones que afectarían su ejercicio profesional.

Será la Justicia la que determine si corresponde o no avanzar con la apertura formal del proceso penal.

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