Integrantes de la Comunidad Mapuche-Tehuelche Nahuelpan participaron de la sesión del Concejo Deliberante de Esquel para manifestar su posición respecto del proyecto que contempla la instalación de un crematorio en cercanías de su territorio.
Durante una entrevista posterior, representantes de la comunidad sostuvieron que no fueron consultados previamente y cuestionaron la forma en que avanzó la iniciativa.
Indicaron que su planteo no implica un rechazo al desarrollo económico ni a la generación de puestos de trabajo, sino un reclamo para participar de las decisiones que puedan tener consecuencias sobre su territorio: “No queremos ser zona de sacrificio otra vez”, expresaron.

Cuestionaron la instancia de diálogo
Desde la comunidad también respondieron a las afirmaciones sobre la existencia de instancias previas de diálogo.
Explicaron que fueron convocados de manera informal a una reunión en la que, según relataron, también participaron representantes de la empresa, de la Cámara de Comercio y del Ejecutivo Municipal.
Sostuvieron que en ese encuentro dejaron planteado que no consideraban haber recibido previamente la información necesaria y que la consulta a la comunidad debía producirse antes del avance del proyecto: “Nosotros queremos que nos consulten. Primero ahí está el punto. A nosotros nunca nos consultaron”, remarcaron.
Preocupación por el impacto ambiental y cultural
Los representantes plantearon además dudas sobre las garantías existentes respecto del impacto ambiental del crematorio.
También señalaron que la discusión no se limita a cuestiones ambientales, sino que involucra aspectos vinculados con su cultura y cosmovisión.
En ese sentido, mencionaron la existencia de un rewe a menos de 500 metros del lugar donde, según indicaron, se pretende instalar el emprendimiento, y reclamaron que cualquier análisis incorpore una perspectiva indígena.
Recordaron la experiencia con la planta de residuos
Durante la entrevista también vincularon el reclamo actual con la experiencia de la planta de residuos instalada en el sector desde 2009.
Los representantes cuestionaron los beneficios que esa instalación habría generado para la comunidad y afirmaron que continúan atravesando problemas vinculados con el acceso al agua y las condiciones laborales de miembros que trabajan allí.
A partir de esa experiencia, insistieron en que no quieren que nuevos proyectos avancen sin información y participación de la comunidad.
No descartan otras vías
Consultados sobre la posibilidad de recurrir a instancias legales, indicaron que analizan las diferentes alternativas, aunque remarcaron que priorizan el diálogo.
Sostuvieron que continuarán reclamando información sobre el proyecto y garantías respecto de sus posibles impactos: “Queremos que nos consulten. Después todo lo demás se tiene que conversar”, sintetizaron.
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