El Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial de Esquel expresó su preocupación por la forma en que se difunde información sobre causas judiciales, especialmente en el ámbito penal.
A través de un comunicado, la entidad advirtió que en reiteradas oportunidades se hacen públicos detalles sensibles de investigaciones en curso, como hipótesis fiscales, información de legajos y circunstancias personales de los involucrados, lo que –según señalaron– puede comprometer el principio de inocencia.
“No responde a un caso puntual”
En diálogo con Dante Lobos en Canal 4 y FM Sol, durante el programa Otra vuelta de tuerca, el presidente del Colegio, Juan Esteban Rimoldi, aclaró que el pronunciamiento no surge por un hecho específico, sino por una preocupación sostenida en el tiempo.
“El Colegio de Abogados no está para defensa de casos particulares, sino que vela por el interés general del ejercicio de la abogacía”, explicó.
En ese sentido, remarcó que el objetivo es garantizar el respeto de los principios constitucionales dentro de un Estado de derecho.
La tensión entre informar y proteger derechos
Uno de los ejes centrales del planteo es la tensión entre el derecho a la información y la protección de las personas involucradas en un proceso penal.
“Hay una tensión permanente entre este derecho a la comunicación y el derecho a la intimidad del imputado”, señaló Rimoldi.
Además, hizo especial hincapié en la situación de las víctimas: “Hay que evitar que el contacto con el sistema penal intensifique o revictimice ese dolor”.
Advertencia por “desbordes” en la comunicación
Desde el Colegio señalaron que vienen observando desde hace tiempo “desbordes” en la manera de comunicar información judicial, tanto por parte del Ministerio Público Fiscal como de abogados particulares.
“No vale todo en el proceso. Hay normas éticas y procesales que deben cumplirse”, afirmó Rimoldi, quien también reconoció una autocrítica hacia profesionales de la matrícula.
Según indicó, en algunos casos se cruzan límites al difundir información sensible o al incurrir en agravios personales, lo que –advirtió– puede afectar el desarrollo racional del proceso judicial.
El riesgo de estigmatización
Otro de los puntos destacados es el impacto que puede tener la exposición pública de las personas imputadas, especialmente en las primeras etapas de una causa. “Cuando se genera un efecto estigmatizante de una persona sometida a proceso, se está vulnerando el principio de inocencia”, sostuvo.
En esa línea, explicó que muchas investigaciones comienzan con hipótesis que luego pueden confirmarse o descartarse, por lo que consideró necesario ser cuidadosos con la información que se difunde en ese momento.
¿Se limita el derecho a la información?
Ante el planteo de si esta postura podría interpretarse como una restricción al acceso a la información, Rimoldi fue claro: “De ninguna manera pretendemos restringir el derecho a la información. Lo que decimos es que debe ejercerse de modo prudente y responsable”.
El abogado subrayó que se trata de conciliar derechos, evitando tanto la sobreexposición como la falta de transparencia.
El titular del Colegio indicó que ya se iniciaron gestiones para abordar la problemática junto a distintos actores del sistema judicial. En ese marco, mencionó reuniones con autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Superior Tribunal de Justicia, con el objetivo de avanzar en criterios comunes para el manejo de la información.
Asimismo, recordó que el Colegio cuenta con un Tribunal de Disciplina, encargado de evaluar posibles faltas éticas por parte de los profesionales, aunque aclaró que su funcionamiento es reservado.
El comunicado concluye con un llamado a todos los operadores del derecho a actuar con mesura, decoro y responsabilidad, evitando prácticas que puedan afectar tanto a imputados como a víctimas. “Es un llamado a la prudencia, no a la censura”, resumió Rimoldi.
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