La investigación del Ministerio Público Fiscal determinó que, entre febrero y marzo de 2026, los acusados desarrollaron una maniobra sistemática para ganarse la confianza de potenciales clientes y quedarse con dinero o vehículos ajenos.

Según la pesquisa, simulaban operaciones legales y utilizaban distintos mecanismos para concretar las estafas.

Cómo operaban

El expediente señala que una de las modalidades consistía en realizar pagos mínimos en concesionarias oficiales para generar comprobantes y aparentar una compra real. Cuando las víctimas consultaban, recibían confirmación de trámites iniciados a nombre de los imputados.

También entregaban vehículos de menor valor, obtenidos en maniobras previas, para evitar sospechas mientras prometían unidades de mayor gama.

Además, utilizaban pagarés sin intención de pago y formularios 08 firmados para simular operaciones legítimas.

Una vez obtenidos los rodados de las víctimas, los transferían rápidamente a terceros o los ocultaban para dificultar su recuperación.

Acuerdo para reparar a las víctimas

A través del mecanismo de Suspensión de Juicio a Prueba, la pareja evitará llegar a juicio siempre que cumpla estrictamente con las condiciones impuestas durante tres años.

El acuerdo fue avalado por las víctimas y prioriza la reparación económica inmediata del daño causado.

Devolución de vehículos y documentos

Los imputados deberán restituir una Volkswagen Amarok y entregar formularios 08 firmados correspondientes a dos VW Suran y un VW Vento.

Pagos millonarios

El convenio establece importantes compensaciones económicas para los damnificados.

Deberán abonar $60 millones a una víctima por una camioneta Toyota modelo 2023, en cinco cuotas mensuales.

También deberán pagar USD 22.000 a otro damnificado en tres cuotas, además de $6.500.000 a una tercera víctima en dos pagos.

Control judicial estricto

Mientras dure el beneficio, los imputados deberán presentarse dos veces por semana ante las autoridades para acreditar domicilio y someterse al control judicial.

Si incumplen cualquiera de los pagos o reglas de conducta, la suspensión será revocada y la causa avanzará hacia un juicio oral y público.

Fuente: Minsterio Público Fiscal

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