El defensor público Marcos Ponce, querellante en la causa que investigó la muerte de Martín Alejandro “Tino” John (63), entrevistado por Dante Lobos en Otra vuelta de tuerca por Canal 4 Esquel y FM Sol 94.7, consideró que el reciente veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado popular debe ser interpretado “en clave social”.
“El principio republicano del juicio por jurados es la decisión soberana del pueblo. Este veredicto refleja la sociedad que hoy estamos transitando. Una sociedad que habla, que expresa, y que debemos escuchar”, sostuvo Ponce tras conocerse el fallo.
El jurado popular declaró no culpables a los policías Omar Eduardo Martínez, Cristian Alejandro Soto y Luis Américo Moggiano, al término de un proceso desarrollado en Esquel, en el marco del sistema de juicio por jurados instaurado en Chubut en 2019, pero puesto en marcha de manera efectiva en 2023.
El hecho juzgado ocurrió el 27 de mayo de 2021, cuando Tino John fue abatido por efectivos del GEOP durante un procedimiento en su chacra del paraje Las Golondrinas, jurisdicción de Lago Puelo.
Una decisión “dura, pero respetable”
Ponce reconoció que el resultado fue difícil de asimilar para la familia de la víctima, pero destacó el valor institucional de haber llegado a una sentencia a través del pueblo.
“Aunque el resultado fue duro, respetamos las reglas del juicio por jurados, porque se trata de una decisión popular, republicana e inapelable. El juicio por jurados es la voluntad del pueblo, y debemos respetarla tal cual es”, expresó.
El querellante profundizó al respecto: “el jurado popular es un corte de la sociedad actual, en un lugar y en un tiempo determinado. O sea, que quienes integraron este jurado popular, son gente de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, que vive lo que se está viviendo cotidianamente, que absorbe lo que se está absorbiendo cotidianamente a través de los medios, a través de las redes y a través de lo que está ocurriendo.”
Ponce interpreta que la decisión del jurado popular, en este caso, representa “el discurso generalizado, el discurso de la mayoría, que no es el discurso absoluto, pero es el discurso que nosotros estamos escuchando, es el pedido de mayor seguridad, el pedido de los derechos de la policía.”
El defensor también aludió al contexto del debate oral: “durante el juicio declararon figuras políticas y exfuncionarios, e incluso el ministro de Seguridad de la provincia estuvo presente en la sala. Eso también dice algo sobre el contexto social y político en el que se dio este fallo”, señaló.
“Hay una deuda institucional urgente”
Más allá del resultado judicial, Ponce advirtió que el caso dejó al descubierto falencias del Estado en materia de protocolos y salud mental.
“La provincia de Chubut debe sentarse seriamente a discutir un nuevo protocolo de actuación para los grupos especiales. Hoy seguimos aplicando uno de 1993. Debemos actualizarlo e incorporar la perspectiva de salud mental”, subrayó.
En ese mismo sentido, remarcó que la Ley de Salud Mental en la provincia “tiene una adhesión formal, pero sin los recursos necesarios para cumplirla”. “Hay que discutirla de manera seria y con responsabilidad estatal”, insistió.
Ahondando en este aspecto, Ponce indicó: “falta que nos sentemos a pensar seriamente si es lo mismo una persona enojada disparando con una carabina en una plaza pública o enfrente de una escuela, que una persona con padecimientos mentales con una carabina 22 disparando en una chacra. Si una persona con padecimientos mentales debe ser abordada de la misma manera que una persona que no tiene padecimientos mentales.”
Ponce insistió en este sentido con un contundente ejemplo: durante el debate “declaró el ex ministro de Seguridad en aquel momento (Federico Massoni), y el ex jefe de la Policía de la provincia de Chubut (el comisario Miguel Gómez), y los dos, expresamente, reconocieron que no conocían el contenido de la Ley de Salud mental. No la conocían. No conocían una ley que ya estaba vigente hacía 8 años para aquella época”, y concluyó: “esa es la plana que dirige estas cuestiones de seguridad.”
Democracia, justicia y reflejo social
El defensor planteó que cada veredicto popular constituye un espejo del momento histórico y cultural de la comunidad.
Desde esta perspectiva, su análisis del caso trasciende la cuestión judicial: la decisión del jurado también expresa los valores, temores y prioridades de una sociedad concreta.
Para Ponce, el desafío es comprender el sentido democrático del mecanismo y fortalecer las instituciones que lo enmarcan: “El jurado popular no es un problema, es una oportunidad para que la ciudadanía participe directamente en la administración de justicia. Pero debemos acompañarlo con una estructura estatal que esté a la altura”, concluyó.
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