El Gobierno del Chubut cerró un nuevo acuerdo paritario con los gremios de la salud pública, que establece un incremento salarial del 8% en tres tramos entre mayo y julio, además del compromiso de pago del arancelamiento hospitalario y nuevas instancias de negociación.

Sin embargo, desde el Sindicato de la Salud Pública (SISAP) marcaron distancia con el entendimiento. En diálogo con Dante Lobos en Otra vuelta de tuerca (Canal 4 y FM Sol 94.7), el secretario adjunto Carlos Sepúlveda fue claro: “No estábamos conformes… no es que acordamos, firmamos”.

El dirigente explicó que la decisión de acompañar el acta se tomó en un contexto complejo, donde también se pusieron en discusión otros reclamos históricos del sector.

Más que salario: los puntos que pesaron en la firma

Sepúlveda señaló que la negociación no se limitó al porcentaje de aumento, sino que incluyó una serie de demandas estructurales que venían siendo planteadas desde hace tiempo. En ese sentido, mencionó la deuda en categorías y adicionales, el arancelamiento hospitalario, la necesidad de unificar el convenio colectivo y la situación del personal precarizado, que ya supera los 500 trabajadores dentro del sistema.

En ese marco, valoró que el acuerdo contemple la apertura de mesas específicas para abordar estos temas, incluyendo una instancia orientada a avanzar en el pase a planta. “Empezaron a haber respuestas en varios puntos que veníamos reclamando hace tiempo”, sostuvo.

Un aumento que no alcanza

Pese a esos avances, el dirigente fue contundente sobre el impacto del incremento salarial. “El 8% es insuficiente frente a un contexto social que en muchos casos es asfixiante”, afirmó.

Según detalló, el aumento implicará sumas relativamente bajas en el bolsillo, especialmente en las categorías más bajas. “Puede dar entre 30.000 y 50.000 pesos por mes, dependiendo de la categoría”, explicó.

Esta situación alimenta el malestar entre los trabajadores, en un escenario donde la pérdida de poder adquisitivo sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector.

El reclamo de fondo: salarios y costo de vida

Desde SISAP plantean que el objetivo es alcanzar un salario mínimo cercano a la canasta básica patagónica, estimada en alrededor de 1.700.000 pesos. Actualmente, según Sepúlveda, un trabajador ingresante ronda los 1.400.000 pesos brutos, incluyendo adicionales.

“No estamos tan lejos, pero en este contexto la plata no alcanza y esa es la bronca de la gente”, expresó. Al mismo tiempo, advirtió que existe una desigualdad interna que deberá discutirse en próximas mesas, especialmente en hospitales y áreas administrativas que quedaron más relegadas frente a otros sectores.

Lo que viene: nuevas negociaciones

El acuerdo firmado no cierra la discusión. De hecho, ya se definieron nuevas instancias de diálogo que continuarán en las próximas semanas. En mayo se avanzará con la firma del texto unificado del convenio colectivo y una mesa técnica para abordar la precarización laboral, mientras que en junio se reabrirán las paritarias para discutir adicionales y una nueva pauta salarial.

“Tenemos que seguir discutiendo para mejorar el salario y las condiciones laborales”, remarcó Sepúlveda.

Desde el gremio sintetizan la decisión de firmar como un intento de equilibrar la necesidad inmediata de ingresos con la continuidad de la negociación. “La gente necesita cobrar, aunque sea insuficiente, mientras seguimos peleando por mejores condiciones”, planteó el dirigente.

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