Personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), delegación Río Pico, realizaba un control de identificación de personas y tránsito vehicular en el ingreso a la localidad por Ruta Provincial N° 19, acceso este, cuando detuvo la marcha de una camioneta Toyota Hilux.
Al identificar a los ocupantes, se constató que se trataba de personas oriundas de Mar del Plata, acompañadas por un residente de la localidad de Río Pico. Al observar que vestían ropas camufladas, y por razones de seguridad, se les solicitó descender del vehículo para su correcta identificación mediante documentación personal (DNI).
Durante el procedimiento, el personal interviniente advirtió la presencia de un arma de fuego con funda, cuya documentación fue exhibida por los ocupantes. Ante esta situación, se dio intervención a personal policial de la Comisaría de Río Pico, quienes continuaron con las actuaciones correspondientes.
Al profundizar el control, se solicitó el permiso de caza provincial, el cual no fue presentado, y se constató además que las personas transportaban tres compensadores–silenciadores, elementos prohibidos por la normativa vigente de la ANMAC y la Ley Nacional de Armas y Explosivos.

Desde la dependencia policial se dio inmediato aviso a las autoridades del Ministerio Público Fiscal, quienes, con aval del Dr. Forti y la Dra. Riccondo, encuadraron la situación como “principio de ejecución de caza furtiva”.
En consecuencia, se dispuso el secuestro de todo el material transportado, incluyendo armas, municiones y silenciadores, aun cuando parte de la documentación estuviera en regla, al considerarse una presunta infracción a la normativa vigente, entre ellas la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna.
Asimismo, se aclaró que los ocupantes del vehículo se encontraban acompañados por una persona del lugar, que se presume actuaría como vaqueano, y que desde la Comisaría se contaba con información previa de pobladores, quienes habían observado personas ajenas a la zona circulando de noche con reflectores, lo que reforzó la intervención preventiva.
Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente.

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