El Senado de la Nación otorgó esta madrugada media sanción al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el presidente Javier Milei, con 42 votos a favor y 30 en contra. La votación en general se produjo a la 1.22, luego de más de 14 horas de debate y más de 40 oradores.
La jornada estuvo marcada por una fuerte movilización sindical y de organizaciones de izquierda en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron incidentes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con varios detenidos.
En el recinto se hicieron presentes funcionarios nacionales, entre ellos Karina Milei, el vocero Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien encabezó negociaciones durante toda la jornada.

Cómo se construyó la mayoría
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró reunir sus 21 votos propios y sumó el respaldo de la UCR (10 senadores), el PRO (3), bloques provinciales y peronistas disidentes.
Entre los apoyos se destacó la chubutense Edith Terenzi, además de representantes de Misiones, Salta y Neuquén. En tanto, el rechazo fue encabezado por el interbloque Unión por la Patria, que reunió 28 votos negativos, más los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, quienes en algunos títulos votaron de manera diferenciada.
En la mayoría de los artículos el resultado se repitió en torno al 42 a 30, aunque el título referido a las derogaciones –entre ellas la del Estatuto del Periodista– obtuvo un respaldo menor: 38 votos a favor y 31 en contra.

Los principales cambios que introduce la reforma
El proyecto, que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, incorpora transformaciones de fondo en el régimen laboral argentino:
- Indemnizaciones: se considerarán únicamente conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización pasa a ser la “única reparación frente al despido sin causa”.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): sistema obligatorio de capitalización para cubrir indemnizaciones. Las grandes empresas aportarán 1% mensual, mientras que las pymes contribuirán con 2,5%.
- Licencias por enfermedad: si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador podría percibir 50% del salario en lugar del 75%.
- Banco de horas: permite pactar redistribución de la jornada laboral sin pago de horas extras, compensando con francos.
- Vacaciones: podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionarlas en períodos no menores a 7 días.
Además, se crean el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
Cambios introducidos y concesiones
Durante la jornada se confirmaron 28 modificaciones consensuadas, según había anticipado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Entre las concesiones:
- Se mantiene el aporte solidario obligatorio a sindicatos, con un tope del 2%, y el 0,5% para cámaras empresarias.
- No se reducirá el aporte patronal a obras sociales (permanece en 6%).
- Se eliminó la propuesta de rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, tras reclamos de gobernadores.
- Se estableció un plazo de un año para la derogación de estatutos profesionales, incluido el del periodista.
- Se postergó hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al INCAA.
También generó debate la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente el sistema bancario.
Fuerte contraste político
El debate dejó expuestas dos posturas antagónicas. El oficialismo defendió que la reforma busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema”, mientras que el peronismo la calificó como una norma “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.
Tras la votación, Bullrich fue categórica: “La ley ya está, es esta”, afirmó, y anticipó que el Gobierno no aceptará modificaciones sustanciales cuando el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados. “Si Diputados cambia un montón de cosas, no vamos a cambiar la ley”, advirtió.
Con la media sanción en el Senado, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados. El objetivo del oficialismo es lograr su aprobación definitiva antes del 1 de marzo.
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