La Justicia rechazó el intento de Carlos Martín Vega, condenado a ocho años de prisión por abuso sexual contra una menor de edad, de reducir en 14 meses el tiempo de cumplimiento de su condena mediante la presentación de una serie de cursos realizados por internet.
La resolución fue adoptada por la jueza de ejecución de Rawson, Karina Breckle, quien hizo lugar solo parcialmente al pedido y reconoció un único mes de estímulo educativo, correspondiente a la finalización de los estudios secundarios dentro del establecimiento penitenciario.
En cambio, desestimó las otras quince capacitaciones presentadas por la defensa oficial, al considerar que no reunían los requisitos previstos por la ley para acceder a una reducción de pena.
Una «maratón» de certificados
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la magistrada fue la forma en que fueron obtenidos los certificados.
En su resolución describió que la enorme mayoría de los cursos fueron aprobados durante julio de 2025, incluso varios de ellos el mismo día, pese a que las cargas horarias declaradas hacían prácticamente imposible su realización en esos tiempos.
La jueza enumeró algunos ejemplos:
- El 1 de julio obtuvo certificados correspondientes a cursos de 60 y 45 horas, acreditando 105 horas de formación en un solo día.
- El 2 de julio aprobó otros dos cursos que sumaban 75 horas.
- El 14 de julio completó capacitaciones equivalentes a 85 horas.
- El 17 de julio, otras 90 horas.
- El 23 de julio, tres cursos distintos que totalizaban 110 horas.
«Fue un mes intenso en educación«, ironizó la magistrada al analizar la documentación presentada.
«Falta de seriedad»
La resolución es particularmente dura respecto del comportamiento del condenado.
La jueza sostuvo que la acumulación de cursos de temáticas completamente diferentes –desde barbería, fotografía y seguridad vial hasta Google Drive, cultivo hidropónico, carpintería o elaboración de alimentos– evidenciaba la ausencia de un interés genuino por adquirir un oficio o capacitarse para una futura inserción laboral.
Por el contrario, concluyó que el único objetivo era obtener una disminución de la condena.
Además, cuestionó la seriedad de la oferta académica utilizada, al señalar que permitía obtener múltiples certificados en lapsos incompatibles con la carga horaria informada.
También advirtió que ni siquiera existían elementos suficientes para acreditar que hubiera sido el propio condenado quien realizó efectivamente los cursos, ya que no se aportaron datos que permitieran verificar el usuario, contraseña o identidad utilizada en la plataforma virtual.
El argumento de la Fiscalía
Durante la audiencia, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal Analía Acuña comparó el pedido con el beneficio que recibe quien completa una carrera universitaria.
«A una persona que estudió medicina, ingeniería o abogacía durante cinco o más años, la ley le reduce la pena apenas nueve meses. No puede pretenderse una reducción de 14 meses por una serie de cursos aislados», sostuvo.
Ese planteo fue compartido íntegramente por la jueza, quien rechazó el beneficio pretendido.
La condena
Vega fue condenado el 2 de febrero de 2024 a ocho años de prisión por el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia, con acceso carnal, en cuatro hechos cometidos bajo la modalidad de delito continuado contra una menor de edad.
La resolución mantiene inalterada la fecha de agotamiento de la pena, prevista para el 24 de junio de 2032, y únicamente reconoce un mes de estímulo educativo por haber completado la escuela secundaria durante su permanencia en prisión.
Con información del Ministerio Público Fiscal de Rawson.
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