El Gobierno del Chubut y el Ministerio Público Fiscal avanzaron en una nueva instancia de articulación entre el sistema educativo y el sistema de justicia, con el objetivo de generar herramientas que permitan acompañar a las comunidades educativas frente a distintas situaciones de conflicto.

El convenio fue firmado por el ministro de Educación, José Luis Punta, y los procuradores generales adjuntos Matías Carlos Froment y Marcos Germán Fink, y establece un marco general para desarrollar acciones conjuntas vinculadas con la convivencia escolar, la prevención del delito, la protección integral de derechos y el acceso a la Justicia.

La iniciativa apunta a que ambas instituciones puedan trabajar de manera coordinada en propuestas que fortalezcan los espacios educativos y permitan intervenir de manera más efectiva ante situaciones que involucren a estudiantes.

Prevención, capacitación y resolución de conflictos

Entre las acciones previstas se encuentran programas relacionados con la prevención de la violencia y del delito, la educación en valores democráticos, la mediación y la resolución alternativa de conflictos.

También se contempla el desarrollo de capacitaciones destinadas a docentes, equipos directivos y operadores educativos, además de charlas y jornadas para estudiantes sobre derechos, garantías, prevención del delito y acceso a la Justicia.

La propuesta busca incorporar herramientas que permitan abordar los conflictos antes de que escalen y, al mismo tiempo, fortalecer el conocimiento de los derechos y las vías de acompañamiento disponibles para niños y adolescentes.

Protocolos ante vulneraciones de derechos

Uno de los puntos centrales del convenio es el fortalecimiento de los mecanismos de articulación ante situaciones de vulneración de derechos detectadas en el ámbito escolar.

Para ello, se prevé avanzar en herramientas y protocolos de actuación conjunta que permitan mejorar la coordinación entre los organismos y brindar respuestas más adecuadas ante situaciones que requieran intervención institucional.

Continuidad educativa y régimen penal juvenil

El acuerdo también incorpora una mirada específica sobre adolescentes que atraviesan medidas socioeducativas o procesos penales.

En ese sentido, se podrán desarrollar acciones vinculadas con el régimen penal juvenil, con especial atención en la continuidad educativa y los procesos de reinserción escolar y social.

El objetivo es que las intervenciones institucionales contemplen no solamente la situación judicial, sino también la permanencia o el regreso de los adolescentes al sistema educativo y a sus espacios comunitarios.

Una agenda que se definirá en conjunto

Las acciones concretas que surjan a partir del convenio serán establecidas mediante actas complementarias o convenios particulares, donde se definirán los objetivos, actividades, responsables y cronogramas de trabajo.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, mientras que ambos organismos aportarán, de acuerdo con sus posibilidades, los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para llevar adelante las iniciativas.

Con este marco de cooperación, Educación y el Ministerio Público Fiscal buscan consolidar una estrategia conjunta que permita prevenir situaciones de vulneración de derechos, mejorar la convivencia y ampliar las herramientas de acompañamiento para las comunidades educativas de toda la provincia.

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