Libreros y escritores de Chubut alertan por el impacto que tendría la derogación de la Ley del Libro

Escritores, editoras y libreros de la provincia expresaron su preocupación ante el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que busca derogar la Ley 25.542, la norma que establece el precio único de venta de los libros. Advierten que la medida favorecería a las grandes cadenas y pondría en jaque a las editoriales regionales y a los autores independientes. Mirá en esta nota las entrevistas completas con los referentes del sector, quienes explican por qué consideran que la medida podría transformar profundamente la industria editorial argentina.

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La posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la derogación de la Ley 25.542, conocida como Ley del Libro, encendió las alarmas en todo el sector editorial argentino. En Chubut, editoras, escritores y libreros coincidieron en advertir que la medida podría afectar seriamente la supervivencia de las pequeñas librerías, las editoriales independientes y la difusión de autores regionales.

El proyecto, impulsado desde el Ministerio de Desregulación, propone eliminar la normativa que desde 2002 establece un precio único de venta para cada libro, independientemente del comercio donde se comercialice. Sus defensores sostienen que la derogación generaría mayor competencia y precios más bajos; sin embargo, desde el sector librero aseguran que ocurrirá exactamente lo contrario.

El ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger, ahora va por la Ley del Libro.

«Las pequeñas librerías no podrán competir»

En diálogo con Dante Lobos en Otra vuelta de tuerca, por Canal 4 y FM Sol 94.7, las escritoras y editoras Julia Chaktoura y Camila Aguirre Zavala señalaron que la eliminación de la ley profundizaría las desigualdades que ya existen entre las grandes cadenas y las librerías del interior.

Explicaron que las editoriales independientes trabajan con costos mucho más altos, especialmente en Patagonia, y que no cuentan con las condiciones comerciales que sí tienen las grandes cadenas, que reciben libros en consignación y negocian descuentos especiales con las editoriales.

Además, advirtieron que las editoriales regionales son las que publican a los autores patagónicos, investigadores y escritores emergentes, quienes difícilmente encuentren espacio en los grandes grupos editoriales si la concentración del mercado aumenta.

Mirá la entrevista completa con Julia Chaktoura y Camila Aguirre Zavala, en Otra vuelta de tuerca, con Dante Lobos (Canal 4 y FM Sol 94.7, de lunes a viernes de 9 a 11):

«El libro no es una mercancía cualquiera»

También en diálogo con Otra vuelta de tuerca, el escritor, periodista y gestor cultural Gustavo De Vera sostuvo que el debate excede el aspecto comercial porque el libro constituye un bien cultural.

A su entender, la eventual derogación responde a una lógica que favorece la concentración económica y terminaría beneficiando únicamente a los grandes grupos editoriales y comerciales, en detrimento de toda la cadena del libro.

De Vera remarcó además que las editoriales independientes cumplen un rol esencial no solo en la publicación, sino también en la distribución de autores regionales, una tarea que difícilmente puedan reemplazar las grandes empresas.

Mirá la entrevista completa con Gustavo De Vera:

La mirada desde una librería de Esquel

El propietario de Chiquitín Libros, Luis Maher, también manifestó su preocupación por la posible eliminación de la norma.

Consideró que, sin un precio único, las grandes cadenas y los hipermercados podrían vender libros con márgenes mínimos o incluso por debajo del costo para atraer clientes, algo imposible de sostener para los comercios independientes.

«Van a ser las pequeñas librerías, los escritores independientes y la bibliodiversidad quienes resulten más perjudicados«, afirmó. También sostuvo que, una vez desaparecida la competencia, las grandes empresas terminarían fijando los precios según sus propios intereses.

Una ley que protege a todo el ecosistema del libro

La Ley 25.542 fue sancionada en 2002 tras la crisis económica de 2001 con el objetivo de evitar prácticas de competencia desleal y garantizar que un mismo libro tenga el mismo precio en cualquier punto del país.

Desde entonces, el sector sostiene que la norma permitió el crecimiento de cientos de librerías y editoriales independientes, favoreciendo la circulación de nuevos autores y ampliando la oferta cultural.

Mientras el proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso, libreros, escritores y editores de todo el país comenzaron a contactarse con legisladores para intentar impedir que la iniciativa avance.

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