La Fiscalía avanza en la reconstrucción de lo ocurrido en una vivienda y solicitó la prisión preventiva del imputado por un plazo inicial de diez días. La investigación se inició a partir de la preocupación de vecinos por situaciones inusuales en el domicilio y busca determinar las condiciones en las que se encontraban una mujer de 41 años y tres jóvenes de 19, 17 y 13 años.

La procuradora fiscal, Cecilia Bagnato, y la funcionaria fiscal Mónica Caveri brindaron detalles de las primeras medidas judiciales y remarcaron que la causa se encuentra en una etapa inicial, con distintas diligencias pendientes.

La denuncia que dio inicio a la investigación

Según explicó Caveri, la denuncia fue presentada el 10 de octubre por una vecina que alertó sobre situaciones que despertaban preocupación en la vivienda.

Los testimonios recopilados por la Policía Comunitaria describían ventanas cubiertas, escasa circulación de los habitantes hacia el exterior, actividad inusual durante la noche y gritos de una mujer.

Posteriormente, intervino el Juzgado de Familia, que dispuso la actuación del Equipo Técnico Interdisciplinario. Caveri señaló que el equipo se presentó en el domicilio, pero el propietario no permitió el ingreso ni las entrevistas con los demás integrantes del grupo familiar.

El informe elaborado a partir de esa intervención se convirtió en uno de los elementos considerados para solicitar una medida de allanamiento.

El allanamiento y los elementos secuestrados

Bagnato explicó que la Fiscalía consideró que podía existir una situación de riesgo inminente, a partir de los informes recibidos y de las circunstancias relevadas.

Durante el procedimiento se secuestraron distintos elementos que deberán ser analizados como parte de la investigación. Las funcionarias aclararon que todavía restaba incorporar documentación de las actuaciones, examinar los resultados de las pericias y tomar nuevas declaraciones testimoniales.

Sobre las condiciones del inmueble, Caveri describió una casa de numerosas habitaciones y con cierto desorden. También indicó que se encontraron alimentos en buen y mal estado, además de heladeras con distintos elementos en su interior.

Las fiscales remarcaron que todavía no es posible establecer con certeza todas las circunstancias de lo ocurrido.

Los delitos investigados y la prisión preventiva

Bagnato confirmó que la Fiscalía trabaja sobre una hipótesis jurídica vinculada a los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas.

El imputado prestó declaración y brindó su versión de los hechos. Según explicó la procuradora, el deber de objetividad obliga a la Fiscalía a investigar tanto los elementos que puedan sostener la hipótesis acusatoria como aquellos que surjan de los dichos del acusado.

La funcionaria confirmó que se solicitó la prisión preventiva y que, durante la audiencia, se estableció un plazo inicial de aproximadamente diez días, menor al previsto originalmente.

Durante ese período, la Fiscalía buscará avanzar con las medidas pendientes y evaluará, según los resultados, si corresponde solicitar una prórroga o una modificación de la medida cautelar.

Bagnato recordó que la prisión preventiva no constituye una condena, sino una medida destinada a resguardar el proceso judicial mientras se desarrolla la investigación.

Pericias médicas y psicológicas

Uno de los ejes centrales de la causa será la evaluación del estado de salud de las personas involucradas.

Según detalló Bagnato, tanto la mujer como los jóvenes están siendo atendidos por profesionales. En el caso de los menores, intervienen equipos de salud mental del Hospital Zonal de Esquel y organismos de protección de derechos, con colaboración del municipio.

También deberán analizarse los resultados de los exámenes médicos realizados y establecer las condiciones en las que se encontraban los integrantes del grupo familiar.

En cuanto al imputado, la Fiscalía prevé realizar evaluaciones para determinar su estado psicofísico y contar con elementos profesionales que permitan comprender mejor el contexto de los hechos investigados.

Las fiscales evitaron adelantar diagnósticos o conclusiones sobre la salud mental de cualquiera de las personas involucradas.

La Fiscalía verificará los títulos que manifestó tener el imputado

Durante la conferencia, Bagnato indicó que el hombre manifestó desempeñarse como médico, bioquímico y científico, y que refirió dedicarse a la elaboración de productos naturales.

La Fiscalía deberá verificar esa información mediante las diligencias correspondientes, entre ellas consultas a instituciones educativas y otras fuentes oficiales.

Por el momento, las funcionarias no dieron por acreditadas esas afirmaciones y señalaron que se trata de aspectos que deben ser corroborados.

Buscan determinar desde cuándo ocurría la situación

Otro de los interrogantes que deberá responder la investigación es cuánto tiempo llevaba el grupo familiar viviendo en esas condiciones.

Bagnato explicó que algunos vecinos señalaron que el hombre residía en el lugar desde hacía un período considerable, aunque todavía no se había establecido una fecha precisa ni se habían confirmado todos los antecedentes sobre domicilios anteriores.

También se deberá determinar si los jóvenes asistían a establecimientos educativos y verificar otras circunstancias mencionadas por los vecinos.

Las funcionarias aclararon que los testimonios deben contrastarse con información objetiva y otras medidas probatorias.

El rol de los vecinos y las medidas pendientes

Durante la conferencia, Bagnato destacó la actitud de la vecina que decidió formalizar la denuncia y valoró la intervención de la Policía Comunitaria.

La procuradora sostuvo que, ante situaciones que despiertan preocupación como gritos de auxilio, posibles situaciones de violencia o circunstancias que puedan indicar que alguien necesita asistencia, es importante dar aviso a las autoridades.

Al mismo tiempo, remarcó que el trabajo de la Fiscalía consiste en establecer qué ocurrió, reunir pruebas y determinar si existieron hechos delictivos.

Pese a la repercusión pública del caso, todavía quedan numerosas diligencias por realizar: entrevistas a testigos, análisis de los elementos secuestrados, evaluaciones médicas y psicológicas y verificación de distintos datos aportados durante las primeras actuaciones.

Según lo explicado por Bagnato, la Fiscalía cuenta con un plazo de seis meses para avanzar hacia una eventual acusación formal.

Por ahora, el objetivo es reconstruir las circunstancias de lo ocurrido, establecer las responsabilidades que pudieran corresponder y garantizar la protección y la intimidad de las personas involucradas, especialmente de los menores de edad. La causa continúa en etapa investigativa y las responsabilidades penales deberán determinarse a partir de las pruebas reunidas y del desarrollo del proceso judicial.

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