El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) avanza en la implementación de un nuevo régimen de retiros voluntarios, en el marco del proceso de reestructuración del organismo a nivel nacional. La iniciativa ya fue aprobada por el Consejo Directivo y contempla una inversión estimada de $101.717 millones, con el objetivo de reducir alrededor del 20% de la planta, lo que equivale a unos 950 agentes.
El esquema está dirigido al personal de planta permanente con al menos tres años de antigüedad y propone el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 sueldos por cada año trabajado, con topes según la edad. El pago se realizaría en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese.
Según la información oficial, el período de adhesión se extendería durante mayo, con posibilidad de prórroga, y la desvinculación efectiva se concretaría a partir de junio.
Dudas y cuestionamientos
El plan no está exento de controversias. Desde distintos sectores gremiales advierten que podría tratarse de un “despido encubierto”, mientras que uno de los puntos más cuestionados es que no se contemplarían los años trabajados en planta no permanente, lo que podría desalentar la adhesión.
Además, persisten dudas sobre el financiamiento total del programa, que requiere una ampliación presupuestaria en el contexto actual.
Qué pasa en INTA Esquel
En este escenario nacional, la situación en la Estación Experimental Agroforestal (EEAf) Esquel aparece, por ahora, con un impacto limitado.
Según pudo saber Canal 4 a través de fuentes internas del INTA Esquel, en las últimas horas se presentó la propuesta de un segundo retiro voluntario –el primero se implementó en 2023 y tuvo una sola adhesión en la sede local–. Sin embargo, hasta la semana pasada no había sido oficializado, ya que se encuentra en proceso de avales administrativos.
Las mismas fuentes indicaron que, al menos en esta etapa inicial, la cantidad de agentes que podrían adherirse en Esquel sería de una persona o incluso ninguno, aunque remarcaron que habrá que esperar la publicación formal del régimen para conocer el nivel real de adhesión.
En ese contexto, desde el ámbito local también advierten que, si no se alcanza el nivel de adhesión esperado a nivel nacional, el organismo podría avanzar con otras medidas. Entre ellas, no descartan una nueva etapa de pases a disponibilidad, una herramienta que ya generó preocupación en distintos sectores del INTA.
A esto se suma otra preocupación que atraviesa a la sede Esquel: el proceso es visto como una “sangría” progresiva de recursos humanos, ya que en paralelo hay agentes próximos a jubilarse y esos puestos no se están cubriendo, lo que implica una reducción sostenida de capacidades en el territorio.
A nivel nacional, el INTA cuenta con aproximadamente 5.700 a 5.800 trabajadores, y el Gobierno busca avanzar en una reconfiguración del organismo, orientada –según se señala oficialmente– a adaptar su estructura a nuevas demandas tecnológicas y territoriales.
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