Un nuevo allanamiento en un campo cercano a Gobernador Costa amplió el alcance de la investigación por una presunta red de caza furtiva y comercialización ilegal de carne de guanaco que abastecería a Esquel, Trevelin y El Bolsón.

El procedimiento se realizó este viernes, a unos 200 kilómetros de Esquel, en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial 23. La medida fue requerida por el procurador de Fiscalía Ismael Cerda y permitió hallar restos óseos de más de mil ejemplares de guanaco, además de armas de fuego, herramientas de faena y elementos de empaque.

El operativo se produjo después de los procedimientos realizados el jueves en Esquel, donde se habían encontrado carne en mal estado y cámaras frigoríficas. En esta nueva inspección, los investigadores identificaron elementos que vincularían el establecimiento rural con la presunta cadena de distribución de carne ilegal.

Restos de más de mil guanacos y elementos de faena

Durante la inspección, personal de la División de Investigaciones de Esquel y de la Comisaría de Gobernador Costa encontró cientos de restos óseos distribuidos en el predio. Según la documentación realizada por Criminalística, la cantidad de osamentas superaría los mil ejemplares.

En el lugar también secuestraron armas de fuego, reflectores, balanzas, cuchillos, cortadoras de carne, sierras, moledoras y otros elementos presuntamente utilizados para la faena y el procesamiento.

Uno de los hallazgos relevantes fue el de bolsas de nylon y cajas de empaque similares a las incautadas el día anterior en Esquel, en una camioneta vinculada al principal imputado. Para los investigadores, este elemento conecta el establecimiento rural con los puntos de acopio y distribución urbana que forman parte de la pesquisa.

De acuerdo con la información de la causa, el campo no registraría movimientos de hacienda ni contaría con las habilitaciones sanitarias mencionadas en los informes. Los investigadores sospechan que habría funcionado como un lugar destinado a la faena clandestina.

Una presunta organización con alcance regional

La investigación apunta a una estructura integrada por al menos seis personas, que habría operado de manera sostenida y con fines de lucro. Según las pesquisas, la carne obtenida mediante la caza furtiva se comercializaría en Esquel, Trevelin y El Bolsón, incluso mediante publicaciones en redes sociales.

La hipótesis judicial sostiene que se trataría de una actividad sistemática, con cacería fuera de temporada y en cantidades superiores a las permitidas. La causa busca establecer cómo funcionaba la organización, quiénes participaban en cada etapa y cuál era el alcance de la red de compradores.

Durante el procedimiento se dispuso el secuestro de armas de fuego, municiones, visores nocturnos, miras telescópicas, herramientas de faena y dispositivos móviles. También fueron requisadas una camioneta Toyota Hilux y un Peugeot Hoggar registrados a nombre del principal imputado.

La investigación también apunta al riesgo sanitario

Además de la presunta infracción a las normas de protección de la fauna silvestre, la Fiscalía investiga posibles delitos vinculados con el incumplimiento de las disposiciones de policía sanitaria animal, contemplados en el artículo 206 del Código Penal.

La información incorporada a la causa advierte sobre los riesgos asociados a la faena sin controles veterinarios ni inspecciones sanitarias, así como a la posible pérdida de la cadena de frío durante el traslado de la carne.

Informes firmados por el jefe del Departamento Provincial de Bromatología, Diego Sabán, junto con la Mesa Intersectorial integrada por organismos de salud, ambiente y SENASA, alertan sobre el incremento de brotes de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) en la región.

La preocupación está centrada en la posibilidad de que la carne obtenida y trasladada sin controles represente un riesgo para la salud pública, debido a la falta de inspección y de análisis para detectar posibles agentes patógenos.

La causa continúa con el análisis de las pruebas

En los allanamientos participaron el jefe del AURE, comisario Melipil; el jefe de la DPI, comisario González; personal de la División Policía Científica de Esquel; y efectivos de la Comisaría de San Martín, junto con el jefe de la Comisaría de Gobernador Costa, comisario Morales, y el oficial principal Montecino.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados para determinar la dimensión de la presunta red, la participación de sus integrantes y el alcance de la comercialización ilegal.

Fuente: Ministerio Publico Fiscal

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