El proceso de inscripción para las audiencias públicas convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados cerró con una cifra que superó todas las expectativas: más de 100.000 personas solicitaron participar del debate sobre la modificación a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares.

Sin embargo, el formato definido por el oficialismo solo dará lugar a 360 expositores -180 de forma presencial el martes 25 y otros 180 de manera virtual el miércoles 26-, una restricción que generó fuertes críticas de la oposición y de organizaciones ambientales. El resto de los inscriptos podrá cargar un video en YouTube con su ponencia, modalidad que también fue cuestionada.

La Patagonia se hizo sentir: más de 13.000 inscriptos

De las provincias patagónicas, Río Negro lideró la participación regional con 4.470 inscriptos, seguida por Chubut con 3.323 y Neuquén con 3.149. Completan el bloque Santa Cruz con 1.185 y Tierra del Fuego con 1.018, sumando un total regional de 13.145 personas.

Se trata de provincias directamente atravesadas por el debate, dado que sus cuencas hídricas y sus territorios están vinculados de manera directa a los glaciares y ambientes periglaciares que el proyecto propone redefinir. En el total nacional, Buenos Aires encabezó el ranking con 38.085 inscriptos, seguida por CABA con 18.055 y Córdoba con 9.544.

La Justicia rechazó la cautelar y el oficialismo defendió el proceso

Días antes de las audiencias, un conjunto de organizaciones ambientalistas -entre ellas Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas– presentaron una medida cautelar ante la Justicia para modificar el esquema de participación, ampliar las jornadas y garantizar la presencia de veedores judiciales.

El pedido fue rechazado por el juez federal Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, quien señaló que los solicitantes no lograron demostrar «la verosimilitud del derecho que invocan» para suspender los efectos de un acto parlamentario.

Tras el fallo, el diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y conductor de las audiencias, salió a defender el proceso con dureza: «Los que quisieron boicotear este proceso fracasaron», afirmó, y calificó la instancia como «lo más federal e inclusivo que se haya visto en el Congreso».

Tensión política y posibles nuevas acciones judiciales

A pesar del rechazo judicial, la disputa no está cerrada. Las organizaciones ambientalistas habían advertido en su presentación que, si no se garantizaba una participación adecuada, solicitarían una medida cautelar de no innovar para suspender todo el trámite parlamentario. Si bien el fallo cubriría también ese planteo, las entidades pueden insistir con nuevas presentaciones.

Desde la oposición, los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y legisladores de Maximiliano Ferraro también cuestionaron el procedimiento e invocaron el Acuerdo de Escazú -tratado regional de participación ambiental vigente desde 2021- para exigir mayores garantías. Otro punto de tensión es que Mayoraz restringió el acceso a la sala solo a los diputados que integran las dos comisiones intervinientes, impidiendo la presencia del resto de los legisladores.

Qué se debate y cuáles son los intereses en juego

El eje central de la reforma propone que sean las provincias quienes definan qué zonas son periglaciares, reemplazando la prohibición general vigente por evaluaciones de impacto ambiental caso por caso. La protección quedaría limitada a las áreas con función hídrica «relevante o estratégica», dejando otras potencialmente habilitadas para la explotación minera.

El Gobierno nacional y los gobernadores de provincias mineras como San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca impulsan la reforma argumentando que podría atraer inversiones por unos 30.000 millones de dólares, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). La Libertad Avanza prevé avanzar hacia la firma del despacho en la primera semana de abril para llevar el proyecto al recinto de inmediato.

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