El frigorífico Dicasur de Trevelin vuelve a estar en el centro de la discusión pública. Tras semanas de versiones cruzadas y silencio empresario, la abogada de Damián Dadá, Rosana Mattarollo, confirmó en diálogo con Dante Lobos en Otra vuelta de tuerca (Canal 4 y FM Sol 94.7) que su representado ya no tiene ningún vínculo con la planta y que el contrato fue rescindido hace dos semanas.
La situación afecta directamente a unas 70 familias que dependen de la actividad del frigorífico y que hoy continúan en un escenario de gran incertidumbre.
Por qué se rescindió el contrato
Mattarollo detalló que Dadá actuaba como representante legal de Exportadora LD S.A., la firma que firmó el contrato de locación con Dicasur. Según explicó, al llegar por primera vez a la planta “todo parecía indicar que la faena podía iniciarse de inmediato”. Sin embargo, al comenzar a trabajar en la puesta a punto, surgieron graves irregularidades.
Según explicó la abogada, al avanzar con la puesta a punto comenzaron a aparecer fallas graves que impedían cualquier posibilidad de iniciar la faena. Mattarollo señaló que encontraron pérdidas continuas de amoníaco en los motores, una situación riesgosa tanto desde el punto de vista ambiental como legal, que incluso podía derivar en denuncias federales. A ello se sumó que la energía eléctrica estaba cortada: el medidor había sido retirado por falta de pago y la reconexión existente era “clandestina”, lo que obligó a rehacer todo el plano eléctrico con un profesional matriculado. La situación con el gas era similar: también sin medidor desde un incendio previo y con instalaciones internas irregulares que debieron desmontarse para evitar problemas mayores.
Pero el obstáculo más determinante fue la caldera, que -según la abogada-, estaba en un estado tal que ningún gasista matriculado quiso habilitarla. Su reemplazo demandaba una inversión superior a USD 60.000, indispensable para cumplir los requisitos de Senasa y poder comenzar a faenar. A eso se sumaban equipos del área de matanza que directamente no funcionaban y cuyo recambio implicaba costos “muy onerosos”, completando un cuadro que hacía inviable poner en marcha la planta.
Una nueva diligencia policial en Dicasur, durante la mañana del jueves 4 de diciembre
Inversión y rescisión
En ese contexto, Exportadora LD decidió finalmente rescindir el contrato de locación por “vicios ocultos” que impedían que la planta cumpliera la función pactada. La rescisión formal se notificó el 14 de noviembre.
“Esto dejó a la empresa al borde del concurso y con serios problemas financieros”, afirmó Mattarollo.
Según estimó, Dadá invirtió aproximadamente $70 millones durante el período en que intentó recuperar la planta.
“No tenemos ningún compromiso con los trabajadores”
Sobre la situación laboral, la abogada remarcó: “nosotros cumplimos con la primera parte. No hubo cesión de los empleados, por lo tanto, no le debemos nada a los trabajadores.”
Explicó que asumir la totalidad del plantel con la planta sin faenar y sin plazos razonables para reactivarse era económicamente imposible.
La responsabilidad salarial, afirmó, corresponde hoy a Dicasur y Rafael Nataine.
Reclamo judicial en camino
La letrada confirmó que la empresa de Dadá reclamará en la Justicia de Esquel la devolución de la inversión realizada.
“Se pretende que Nataine devuelva los $70 millones que se invirtieron en la planta. El reclamo es a Dicasur, porque él actuó en representación de la firma”, indicó.
Mientras tanto, también denunciaron que en los últimos días ingresaron vehículos presuntamente vinculados a Nataine y Nahuel Serra, que “se llevaron cosas de la planta”. La empresa LD tomó registro fílmico del hecho, aunque, aclaró, no pueden atribuir propiedad sin verificación formal.
70 familias siguen esperando una salida
En Trevelin y la zona la preocupación es creciente: la planta sigue paralizada, no hay señales de un acuerdo entre las partes y las familias que dependen del frigorífico continúan en una situación crítica.
Mattarollo subrayó que para Dadá “la idea era hermosa” y que el proyecto tenía potencial para generar empleo y actividad económica local, pero la magnitud de las fallas detectadas lo volvió inviable.
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