En una audiencia realizada este lunes se formalizó la apertura de una investigación penal preparatoria por la presunta comisión del delito de usurpación, en la modalidad de turbación de la posesión.
La causa se originó a partir de una denuncia por reiterados bloqueos de acceso y situaciones de intimidación que, según la presentación, impidieron a la propietaria de un inmueble realizar tareas de demarcación y cerramiento en su terreno.
La acusación de la Fiscalía
Durante la audiencia, el fiscal Martín Robertson fundamentó el pedido de apertura de la investigación y expuso los hechos que son materia de análisis.
De acuerdo con la descripción realizada por el Ministerio Público Fiscal, las situaciones se produjeron durante el año pasado. En al menos dos oportunidades se habría impedido el ingreso de la denunciante, sus familiares y personal contratado para efectuar trabajos de delimitación y alambrado.
La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como usurpación en coautoría.
La defensa se opuso a la apertura de la investigación
La defensa técnica planteó su oposición tanto al inicio de la investigación como a la aplicación de medidas cautelares.
Entre sus argumentos, cuestionó la precisión del relato de los hechos y sostuvo que la situación corresponde a un conflicto histórico relacionado con límites y derechos posesorios, de carácter civil y administrativo, sobre tierras fiscales linderas.
Tras escuchar a las partes, el juez rechazó el planteo de la defensa y habilitó la apertura de la investigación.
El magistrado consideró que en esta instancia inicial del proceso penal se requiere una enunciación clara e individualizada de los hechos y una calificación legal provisoria, mientras que las mayores exigencias probatorias corresponden a etapas posteriores.
Ordenaron garantizar el paso al inmueble
Durante la audiencia también se analizaron las características geográficas del sector. Según lo expuesto, el único acceso vial al inmueble requiere atravesar el lote lindero.
En ese contexto, el juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y ordenó que se garantice una servidumbre de paso para permitir el libre tránsito hacia la propiedad.
También autorizó la realización de trabajos de amojonamiento y alambrado, pero exclusivamente sobre los límites correspondientes al título de propiedad acreditado.
La medida no alcanza las zonas en disputa
La resolución estableció límites para la aplicación de la cautelar. El juez aclaró que la decisión no habilita modificaciones ni cierres en las áreas que actualmente se encuentran alcanzadas por trámites y disputas administrativas.
Finalmente, exhortó a las partes y a los profesionales intervinientes a coordinar las tareas de delimitación de manera pacífica.
La resolución contempla además la posibilidad de recurrir a la fuerza pública en caso de incumplimiento de lo dispuesto.
La investigación se encuentra en su etapa preparatoria, por lo que la calificación legal establecida hasta el momento es provisoria.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
#Judiciales #Justicia #Investigación #Canal4Esquel
