El Superior Tribunal de Justicia del Chubut (STJ) hizo lugar al planteo presentado por la Fiscalía de Esquel y revocó el sobreseimiento de un abogado local investigado por el presunto delito de prevaricato.
La resolución implica que la causa penal deberá continuar y regresará a la Oficina Judicial de Esquel, donde el Ministerio Público Fiscal podrá avanzar con la investigación.
El prevaricato, en este caso, refiere a la conducta atribuida a un abogado por presuntamente representar o asesorar intereses contrapuestos, en incumplimiento de los deberes derivados de su profesión.
El origen de la investigación
La causa se originó luego de la condena de un hombre por abuso sexual contra su sobrina adolescente, quien además presenta un retraso madurativo.
Según la investigación, el abogado había ejercido la defensa del condenado y, pocos días después de conocerse el fallo, asumió la representación de la víctima.
La Fiscalía sostiene que el profesional se reunió con la adolescente y la asesoró para realizar una nueva presentación judicial que, aunque aparentemente buscaba beneficiarla, podría haber tenido como resultado favorecer la situación del hombre condenado.
Posteriormente, el abogado habría renunciado a la defensa del condenado.
La Fiscalía cuestionó el sobreseimiento
En una instancia anterior, un juez había dispuesto el sobreseimiento del abogado al considerar que la conducta investigada no constituía delito.
La Fiscalía impugnó esa resolución al entender que la decisión había sido prematura y que existían elementos que justificaban continuar investigando la actuación profesional.
El planteo llegó finalmente al Superior Tribunal de Justicia, que decidió revocar el sobreseimiento y permitir la continuidad de la causa.
Qué consideró el Superior Tribunal
Al analizar el caso, el STJ consideró que existen elementos suficientes para profundizar la investigación sobre un eventual conflicto de intereses.
Entre los aspectos analizados se encuentra el asesoramiento brindado a la víctima luego de haber representado al condenado y el posible impacto que las gestiones realizadas podrían haber tenido sobre la ejecución de la condena.
El tribunal entendió que existen sospechas suficientes para investigar si el profesional perjudicó deliberadamente los intereses de la adolescente, conducta que podría quedar comprendida en el artículo 271 del Código Penal.
La decisión del máximo tribunal provincial no implica una declaración de culpabilidad, sino que deja sin efecto el sobreseimiento y permite que la Fiscalía continúe reuniendo elementos para determinar si existió o no el delito investigado.
La causa vuelve a Esquel
Tras la resolución del STJ, las actuaciones regresarán a la Oficina Judicial de Esquel para que el Ministerio Público Fiscal continúe con el trámite de la investigación.
Será durante esa instancia cuando se profundice el análisis de la conducta atribuida al abogado y se determine cómo continuará el proceso penal.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
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