El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, luego de que la Justicia ordenara su entrada en vigencia inmediata.
La medida fue firmada por Javier Milei, en cumplimiento de un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y fijó como fecha límite el 4 de febrero para su plena implementación.
Origen del conflicto
La ley había sido sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, pero el Ejecutivo intentó frenar su aplicación mediante un veto, argumentando falta de fondos para financiar las nuevas prestaciones.
Si bien la norma fue promulgada, su ejecución quedó suspendida hasta que la Cámara de Diputados definiera la fuente de financiamiento, lo que dio lugar a una disputa judicial.
El conflicto se activó a partir de un amparo colectivo, y el juez resolvió ordenar la aplicación inmediata de la Ley N.° 27.793, otorgando un plazo máximo de 30 días para su reglamentación.
https://drive.google.com/file/d/1Q-OK-wCDJREYSTa06FIWUgQoBlhfZ_Uz/view
Nuevo régimen de pensiones
El decreto establece los criterios del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, definiendo:
- Requisitos de acceso
- Evaluaciones socioeconómicas
- Incompatibilidades con otras prestaciones
- Procedimientos y controles administrativos
Las pensiones pasan a denominarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, y se dispone la conversión automática de los beneficios vigentes, un proceso que implicará la verificación de miles de prestaciones.
Rol del Ministerio de Salud y control federal
La implementación queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.
La normativa obliga a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días.
Además, se establece la articulación con organismos oficiales y de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, garantizando participación federal.
El decreto reconoce la preocupación fiscal, aclarando que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias de cada jurisdicción.
Asimismo, se prevé prevenir la superposición con otros beneficios previsionales, coordinar con políticas de inclusión laboral y realizar auditorías periódicas.
Nuevas autoridades en el área
En paralelo a la reglamentación, el Gobierno designó nuevas autoridades en el área de discapacidad:
- Alejandro Alberto Vilches, secretario Nacional de Discapacidad
- Gianfranco Scigliano, subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos
- Esteban Rafael Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos
Vilches había sido designado en agosto de 2025 como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la salida de Diego Spagnuolo. Su gestión inicial estuvo centrada en auditorías y depuración del sistema, con el objetivo de garantizar criterios estrictos de justicia en el otorgamiento de beneficios.
El decreto aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial, dejando constancia de que el Ejecutivo mantiene abierta la disputa legal. La norma entró en vigencia con su publicación.
Fuente: Infobae
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