La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil introdujo un cambio importante en la legislación argentina: la edad de imputabilidad bajó de 16 a 14 años, por lo que los adolescentes de esa franja etaria pueden ser investigados y sometidos a un proceso penal por los delitos que contempla el Código Penal.
La modificación implica un nuevo escenario para los jóvenes, pero también para sus familias y las instituciones educativas, que deben conocer los alcances de la normativa y las consecuencias que pueden derivarse de determinadas conductas.
Para analizar estos cambios, el jefe de la Defensa Pública de Esquel, Dr. Marcos Ponce, explicó los principales aspectos de la legislación durante una entrevista en Otra vuelta de tuerca, con Dante Lobos, por Canal 4 Esquel y FM Sol 94.7.
Ponce señaló que una de las diferencias centrales respecto del régimen anterior es que ahora todas las figuras delictivas pueden ser atribuidas penalmente a adolescentes desde los 14 años. “Hoy toda figura penal, todo delito penal puede ser enrostrado a un niño, niña o adolescente de 14 años en adelante”, explicó.

Conductas cotidianas que ahora pueden tener consecuencias penales
Uno de los aspectos que el funcionario consideró importante transmitir, especialmente en las charlas que la Defensa Pública desarrolla en las escuelas, es que algunas conductas que anteriormente podían quedar dentro del ámbito de las sanciones escolares ahora pueden dar lugar a una intervención judicial.
Como ejemplo, mencionó los daños materiales dentro de los establecimientos educativos, como rayar un banco, romper un vidrio o provocar destrozos en las instalaciones. “Antes existía en el sistema educativo la sanción propia de ese hecho, que era el llamado de atención. Hoy eso es delito”, sostuvo.
Ponce explicó que el Código Penal contempla la figura de daño y que, cuando una conducta reúne los elementos de un delito de acción pública, puede habilitar una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal.
En este contexto, también señaló que los funcionarios públicos que toman conocimiento de posibles hechos delictivos tienen obligación de denunciarlos, una cuestión que genera interrogantes sobre el papel que deberán asumir directivos y docentes ante determinadas situaciones.
El desafío será establecer criterios claros para distinguir los conflictos propios de la convivencia escolar de aquellos hechos que pueden constituir delitos y requieren intervención de la Justicia.
Bullying, acoso y redes sociales: la responsabilidad también alcanza al mundo digital
La nueva legislación también pone en primer plano las conductas que pueden constituir delitos en los entornos digitales. Durante la entrevista, Ponce hizo especial referencia al bullying, el acoso y la elaboración o difusión de imágenes que afectan la identidad, la intimidad y la dignidad de otras personas.
Uno de los ejemplos que mencionó fue la manipulación de fotografías de compañeros mediante herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes de contenido sexual. El funcionario advirtió que estas situaciones no pueden ser consideradas simplemente bromas entre adolescentes, especialmente cuando generan consecuencias sobre otras personas.
La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, las amenazas y otras conductas de hostigamiento pueden tener implicancias legales, según las características concretas de cada caso. Por eso, remarcó la importancia de que los adolescentes comprendan que lo que sucede en las redes sociales también puede tener consecuencias fuera de ellas.

¿Qué responsabilidad tienen los padres?
Otro de los aspectos que Ponce destacó es la necesidad de que las familias tomen conciencia del nuevo escenario. El funcionario aclaró que la responsabilidad penal es personal: quien responde ante la Justicia por el delito es el adolescente que lo cometió. Sin embargo, determinadas situaciones pueden generar consecuencias económicas para sus padres cuando existen daños materiales susceptibles de reparación.
En ese sentido, consideró que los adultos deben prestar mayor atención a las actividades de sus hijos, especialmente en el uso de dispositivos tecnológicos, las redes sociales y las formas de relacionarse con sus pares. “Tenemos que empezar a ver más críticamente estas cuestiones, la cuestión informática, la cuestión comunicacional”, expresó.
También remarcó que la educación y la concientización deben ocupar un lugar central para evitar que determinadas conductas terminen teniendo consecuencias que pueden afectar la vida de los jóvenes.
La mirada crítica de Ponce: “Bajar la edad de imputabilidad no resuelve ningún problema”
Más allá de explicar los alcances de la nueva legislación, el jefe de la Defensa Pública de Esquel manifestó una posición crítica sobre la reforma. “Desde el punto de vista personal soy muy crítico del contenido de esta ley. Bajar la edad de imputabilidad no resuelve ningún problema”, afirmó.
Ponce cuestionó que la reducción de la edad de imputabilidad se presente como una respuesta a los problemas de inseguridad y señaló que, en Chubut, la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes es reducida dentro del conjunto de hechos delictivos.
El funcionario planteó que el Estado debe abordar las condiciones sociales y las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchos jóvenes, en lugar de concentrar la respuesta exclusivamente en el sistema penal.
“Un Estado que no fue un Estado presente no puede mañana ser un Estado punitivista con un pibe de 14 años”, expresó, al reflexionar sobre la necesidad de políticas de prevención, acompañamiento y oportunidades para los adolescentes.
También reconoció la importancia de atender a las víctimas de los delitos y de brindarles respuestas adecuadas, aunque consideró que la aplicación de penas no puede ser la única herramienta del Estado.
Los desafíos para aplicar el nuevo régimen en Chubut
La implementación de la Ley 27.801 también plantea desafíos institucionales. Ponce señaló que todavía no se produjo el crecimiento de la estructura de acompañamiento y seguimiento que, a su entender, requiere el nuevo sistema. Entre los aspectos pendientes mencionó la creación de la figura del supervisor, prevista para acompañar a los adolescentes alcanzados por determinadas medidas.
También se refirió al Centro de Orientación Socioeducativo (COSE) de Esquel, uno de los espacios de alojamiento para adolescentes que existen en la provincia. Explicó que se está trabajando en la capacitación del personal, aunque advirtió que la institución fue concebida originalmente bajo otra lógica de funcionamiento.
Otro aspecto señalado es la falta de un espacio específico para el alojamiento de adolescentes mujeres en Chubut, situación que obliga a recurrir a medidas alternativas cuando corresponde.
Las charlas en las escuelas continuarán el próximo año
La Defensa Pública viene desarrollando encuentros informativos en establecimientos educativos de la zona para explicar los alcances del nuevo régimen y responder las inquietudes de los estudiantes.
Ponce destacó la participación de los adolescentes en las escuelas 758, 7722 y 713, además del Colegio Salesiano. Según relató, los jóvenes muestran interés, realizan preguntas y plantean dudas sobre las situaciones que pueden tener consecuencias legales.
Las actividades se interrumpieron durante las últimas semanas debido al cierre del calendario escolar, pero ya está prevista su continuidad para el próximo año.
El funcionario consideró que la educación debe asumir un papel central en la difusión de la nueva normativa y en la formación de los adolescentes respecto de sus derechos y responsabilidades.
La nueva ley introduce un escenario diferente para los jóvenes desde los 14 años. Conocer sus alcances, comprender las consecuencias de determinadas conductas y fortalecer la prevención aparecen como desafíos compartidos por las familias, las escuelas y las instituciones del Estado.
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