En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó por 126 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), en el marco de la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
El artículo, incorporado como parte del paquete de cambios laborales, elimina la norma vigente desde 1946 y ahora el texto volverá al Senado, que ya anticipó que aceptará las modificaciones y lo convertirá en ley la próxima semana.
El Estatuto regulaba condiciones específicas del ejercicio profesional: jornada máxima, estabilidad laboral, indemnización agravada ante despido y libre acceso a fuentes y dependencias públicas.
Pero el debate, advierten desde el sector, trasciende lo estrictamente laboral.
“No es una cuestión de privilegios»
En diálogo con Dante Lobos en Otra vuelta de tuerca, el presidente del Foro de Periodismo Argentino, Fernando Stanich, planteó que la discusión no debe leerse como un reclamo corporativo.
“No es una cuestión de privilegios, son condiciones que se han ido estableciendo para que los periodistas puedan realizar su trabajo sin presiones. El Estatuto tiene una relación directa con la libertad de expresión y con el derecho de la sociedad a estar informada”, afirmó.
Stanich explicó que la ley garantiza, por ejemplo, el libre acceso a fuentes y actos públicos, la protección frente a despidos arbitrarios y condiciones que resguardan la independencia frente a presiones políticas o económicas.
“Hay todo un sistema legal que ha ido generando condiciones para que el periodismo pueda ejercer su trabajo sin presiones del poder de turno, del poder del momento. Si se pierden esas condiciones, el periodismo, en esta realidad de crisis económica y de canibalización del mercado laboral en la Argentina, va a terminar mucho más expuesto a presiones y, sobre todo, a desigualdades.”
¿Qué cambia sin el Estatuto?
Uno de los puntos más sensibles es la estabilidad laboral y la indemnización agravada ante despido. Para FOPEA, no se trata de un privilegio, sino de una herramienta que busca reducir la autocensura.
Stanich lo explicó con un ejemplo concreto: “Si un periodista investiga al poder político local y ese funcionario presiona al medio para que lo despida, sin un marco especial esa decisión se vuelve mucho más sencilla. Eso impacta directamente en la calidad de la información que recibe la comunidad”.
Además, advirtió que la derogación podría generar una mayor fragmentación federal, profundizando desigualdades entre trabajadores de grandes centros urbanos y medios del interior.
Modernizar sí, derogar no
Desde FOPEA aclaran que no se oponen a una actualización de la norma. “Sabemos que el Estatuto necesita modernización. La profesión cambió, aparecieron nuevas plataformas, nuevas dinámicas digitales. Pero una cosa es reformar y otra es dejar un vacío legal”, señaló el dirigente.
La entidad ya había presentado una nota formal ante la Cámara de Diputados y no descarta impulsar acciones judiciales, al considerar que la derogación podría ser regresiva en términos de derechos fundamentales, en línea con jurisprudencia de la Corte Suprema.
Un debate que excede a los periodistas
En el cierre de la entrevista, Stanich dejó un mensaje dirigido directamente a la audiencia: “sin un periodismo fuerte e independiente, pierde la sociedad. Si los periodistas no tienen condiciones para investigar sin miedo, la ciudadanía termina accediendo sólo al relato oficial o a información condicionada”.
La discusión, entonces, no se limita a una norma sectorial. En un contexto atravesado por la desinformación y la polarización, la pregunta que sobrevuela es más amplia: ¿Qué calidad democrática puede sostener una sociedad sin garantías claras para el ejercicio del periodismo?
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