Según explicó Rubén Álvarez, la AMET y vecinos presentaron un informe que también fue elevado al Ejecutivo municipal. A partir de esa documentación, el intendente de Esquel realizó una denuncia formal ante la Fiscalía, dando intervención al Ministerio Público Fiscal.
Álvarez señaló que este tipo de situaciones no son nuevas y recordó que desde el Concejo Deliberante se realizaron reiterados pedidos de informes a lo largo de los últimos años por presuntas irregularidades ambientales, vinculadas a tala de bosques, movimiento de suelos y obras sin autorización.
Antecedentes judiciales
El presidente del Concejo remarcó que no se trata de una valoración personal, sino de antecedentes judiciales: “No es que Rubén Álvarez lo encontró culpable, fue la Justicia la que lo condenó”, afirmó, al referirse a una persona que ya fue condenada en causas anteriores y que, según indicó, no habría cumplido completamente la sanción impuesta.
Daños documentados
De acuerdo a lo informado, la presentación realizada por vecinos se encuentra documentada con fotografías e imágenes, donde se evidenciarían daños ambientales, entre ellos volteo de árboles en sectores donde no estaría permitido.
Álvarez sostuvo que, en esta instancia, confía en la documentación aportada por los vecinos, teniendo en cuenta los antecedentes del caso, y aclaró que ahora será la Justicia la encargada de investigar.
Rol de los organismos
El concejal explicó que la Fiscalía podrá solicitar informes al Ejecutivo municipal y a la Secretaría de Bosques, entre otros organismos competentes. Desde el Concejo Deliberante, adelantó que volverán a requerir información cuando la situación lo permita.
En ese sentido, aclaró que actualmente la Secretaría de Bosques se encuentra abocada al combate de incendios, por lo que consideró prudente esperar algunos días antes de insistir con pedidos formales.
Caso Monte Bianco y advertencia a terceros
Durante la entrevista también se mencionó el antecedente del emprendimiento Monte Bianco, donde el municipio había otorgado un préstamo de tierras por diez años, convenio que posteriormente fue dado de baja por irregularidades.
Álvarez advirtió que en ocasiones terceros, incluso jóvenes emprendedores, pueden verse involucrados sin conocer los antecedentes legales y dominiales de las tierras, y reiteró que cualquier desarrollo debe realizarse dentro del marco de la ley.
Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante señaló que será nuevamente la Justicia la que determine si existieron o no irregularidades, y subrayó que el Estado debe actuar para prevenir daños ambientales y evitar que situaciones de este tipo se repitan.
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