Ciberacoso, violencia digital, noviazgos violentos, delitos informáticos y situaciones de abuso fueron algunos de los temas abordados durante un encuentro entre integrantes del Ministerio Público Fiscal y equipos directivos de escuelas secundarias de la región. La actividad puso el foco en una cuestión central: cómo intervenir ante situaciones que afectan a estudiantes y cuándo corresponde realizar una denuncia.

El encuentro se realizó el viernes en el Colegio Salesiano de Esquel y reunió a directivos de establecimientos de nivel medio de la región con un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal.

Más allá de la presentación institucional, la jornada estuvo orientada a analizar situaciones concretas que pueden atravesar a adolescentes dentro y fuera del ámbito escolar, y a fortalecer las herramientas con las que cuentan docentes y equipos directivos para intervenir.

Entre los temas tratados estuvieron el ciberacoso, los noviazgos violentos, la violencia digital, los delitos informáticos, los conflictos de convivencia y las situaciones de vulneración de derechos. También se abordaron los protocolos de intervención, las redes de trabajo entre instituciones y una introducción a la nueva legislación penal juvenil.

La obligación de denunciar

Uno de los puntos centrales planteados durante la jornada estuvo relacionado con la responsabilidad de los docentes frente a posibles hechos de violencia o abuso.

Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, los docentes, en su condición de funcionarios públicos, tienen la obligación legal y ética de denunciar situaciones de violencia de género o abusos contra niños, niñas y adolescentes.

La Fiscalía remarcó que la escuela constituye un espacio de protección fundamental, ya que en muchas ocasiones es allí donde un estudiante puede encontrar las condiciones para romper el silencio y acceder a asistencia profesional.

En ese sentido, la intervención docente no implica investigar por cuenta propia lo ocurrido, sino escuchar, registrar la información y activar los mecanismos institucionales correspondientes, articulando con las autoridades escolares y los organismos encargados de la investigación.

La importancia de saber cómo intervenir

La jornada también puso sobre la mesa una problemática que excede las paredes de las escuelas: muchas de las situaciones que afectan a adolescentes actualmente se desarrollan o tienen continuidad en entornos digitales, lo que plantea nuevos desafíos para docentes y familias.

Frente a este escenario, desde la Fiscalía se propuso avanzar con talleres, espacios de reflexión y charlas participativas en establecimientos educativos, especialmente destinados a docentes y a integrantes de las comunidades educativas de los últimos años del nivel secundario.

El objetivo es que las instituciones cuenten con herramientas para prevenir situaciones de violencia, detectar posibles vulneraciones de derechos y actuar adecuadamente cuando un hecho requiere intervención de organismos especializados.

La articulación entre la Fiscalía y el sector educativo fue impulsada por el EOATE, y desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el trabajo conjunto entre organismos resulta clave para fortalecer la prevención, la promoción de derechos y el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de Chubut.

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