La concejal Evangelina Chamorro, del bloque Frente Vecinal Esquel, cuestionó la intervención judicial derivada de los reclamos expresados por vecinos durante una sesión anterior del Concejo Deliberante. En su exposición durante la hora de preferencia de la 14° sesión, sostuvo que las manifestaciones enérgicas y los dichos fuertes no constituyen por sí mismos un delito.
La edil se refirió a lo ocurrido durante el tratamiento de un expediente que, según planteó, no había sido abordado debidamente y afectaba directamente a integrantes de la comunidad Nahuelpán y otros vecinos de Esquel.
Chamorro afirmó que, luego de esos reclamos, cuatro concejales presentaron denuncias ante la Fiscalía y cuestionó la rapidez con la que, según su interpretación, intervino la Justicia.
“Esta es la casa del pueblo”
Uno de los ejes centrales de su discurso fue el alcance de las restricciones que, según indicó, se impusieron a los vecinos involucrados. La concejal señaló que las medidas incluyen una prohibición de acercamiento y limitaciones para expresarse en redes sociales o presentar notas.
En ese contexto, utilizó la presencia de una valla en el recinto como símbolo de la distancia entre los representantes políticos y la ciudadanía: “Esta es la casa del pueblo”, expresó Chamorro, y sostuvo que cualquier vecino tiene derecho a acercarse al Concejo Deliberante para presentar reclamos, cuestionar decisiones y manifestar su desacuerdo.
La edil remarcó que quienes ocupan una banca fueron elegidos democráticamente y deben estar dispuestos a escuchar las demandas de la comunidad, incluso cuando se expresan con críticas hacia su actuación.
Reclamó respuestas para los sectores vulnerables
Durante su intervención, Chamorro también cuestionó lo que consideró diferencias en el tratamiento de los pedidos que llegan al cuerpo legislativo. Como ejemplo, recordó el caso de una vecina en situación de vulnerabilidad a quien, según manifestó, el oficialismo no acompañó para autorizar una conexión eléctrica.
Además, mencionó la situación de otra mujer de la comunidad que mantiene una deuda por patente y atraviesa un tratamiento de salud complejo. Con estos ejemplos, planteó que algunas necesidades de los vecinos no reciben la misma atención que otras solicitudes.
La concejal pidió a sus pares que reflexionen sobre su responsabilidad como representantes y sostuvo que la función pública requiere escuchar los problemas concretos de la población.
Advirtió sobre el impacto democrático
Chamorro aclaró que su posición no implica avalar ningún tipo de violencia. Sin embargo, cuestionó que se recurra a la Justicia frente a reclamos ciudadanos y consideró que ese accionar puede limitar la participación política: “El daño democrático que le están haciendo judicializando a vecinos por reclamar es muy grande”, afirmó durante la sesión.
Finalmente, invitó a los demás concejales a revisar su manera de relacionarse con la comunidad y sostuvo que el derecho de los vecinos a reclamar y ser escuchados debe ser parte fundamental de la representación democrática.
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